Edición Nº 1703


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    ARTICULO

    10 de enero de 2002

    Responsabilidades
    La mesa redonda de la corrupción chicha no puede quedar impune.

    Luego de la catástrofe, general Arias Sánchez pasó a Bienestar de la PNP. No le queda mucho tiempo. Der.:El retiro del cerco policial se sintió en cinco jirones críticos: Ayacucho, Andahuaylas, Miró Quesada, Cusco y Puno.

    LAS imágenes son devastadoras. Lo dicen todo. Porque ellas, el drama de 300 muertos y familias desmembradas, los cadáveres asfixiados y encontrados de pie en un baño, los escombros de muerte y la cifra significativa de mujeres y criaturas sacrificadas; ellas ya no hablan. Los peruanos que las sobreviven claman por respuestas.

    La responsabilidad en la tragedia de Mesa Redonda del pasado 29 de diciembre detonó a diferentes niveles gubernamentales con el estruendo de un `chocolate'. Luego de doce días el humo se comienza a despejar y pasamos de las generalidades a los nombres propios. Y de éstos, a los galones.

    Un informe final del Ministerio del Interior esta semana asigna una primera responsabilidad en el general PNP Luis Sánchez Arias, jefe de la VII Región Policial, por la falta de control en Mesa Redonda y que desembocó en la tragedia del 29.

    EL INEXISTENTE CERCO

    La Policía había dispuesto, desde principios de diciembre, la instalación de un cerco policial de 650 efectivos, de un total de 1,100 distribuidos en el Centro Histórico en tres turnos, para resguardar la seguridad en el área de Mesa Redonda, atenuar el comercio ambulatorio y, sobre todo, controlar el comercio pirotécnico.

    El plan de seguridad fue bautizado, precisamente, `Pirotecnia 2002' y ejecutado en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana a partir del 4 de diciembre.

    Una de las tareas centrales del cerco policial era evitar el ingreso de cargamentos de material pirotécnico al área de Mesa Redonda, mediante el control de los vehículos en las pocas rutas de acceso, y requisar los depósitos ilegales.

    El férreo cerco policial debía permanecer en vigencia -según documentos oficiales publicados en exclusiva por el diario La República- hasta el 10 de enero.

    No fue así. A los pocos días de que el general PNP Luis Sánchez Arias asumiera la jefatura de la VII Región Policial, la Policía se retiró por completo de Mesa Redonda. Los jirones Cusco, Andahuaylas, Puno, Miró Quesada y Ayacucho se convirtieron en la tierra de nadie.

    El 20 de diciembre la directora de Comercialización y Defensa del Consumidor de Lima Metropolitana, Eva Céspedes, dirigió un primer y alarmado oficio 34-17 al general Sánchez Arias alertándolo que "desde el 17 de diciembre observamos una reducción acelerada en el nivel de apoyo policial, llegando a ser casi nulo desde el 19 de diciembre".

    Indignado alcalde Andrade, documentos en mano.

    El 26 de diciembre, Céspedes envió un segundo oficio 34-04 al coronel Eduardo Arteta, jefe de la Policía Metropolitana Centro 1, en la que señala que "es necesario que su despacho disponga se reestablezca el apoyo de sus efectivos en la zona, con la misma cantidad inicial, dado que esta semana se espera un significativo incremento de la venta de material pirotécnico".

    Ya para entonces las calles de Mesa Redonda eran un polvorín por las cuales miles de personas transitaban diariamente. Pero la Policía siguió brillando por su ausencia.

    NI SENDERO, NI EL MESIAS

    Las iniciales explicaciones ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, respecto a esta clara negligencia no fueron satisfactorias. Rospigliosi primero argumentó que el plan de seguridad fue trastocado por la necesidad de resguardar el perímetro del Congreso donde, la noche del 20 de diciembre, se presentó la obra coral "El Mesías". Luego, ante la Comisión Permanente del Congreso, y en sesión reservada, el ministro afirmó que el cerco policial en Mesa Redonda debió ser abandonado para atender una presunta amenaza senderista contra locales norteamericanos en la ciudad.

    Ninguno de ambos argumentos es considerado en el informe final del Ministerio del Interior sobre la tragedia. Según éste, la decisión de abandonar el plan de seguridad fue una decisión unilateral de la VII Región Policial que no fue consultada con los estamentos superiores de la institución, ni tuvo justificación.

    Sin embargo, la responsabilidad sobre la tragedia de Mesa Redonda no es exclusivamente policial.

    Tras la tragedia, las autoridades decomisaron 155 toneladas de material pirotécnico en la zona que milagrosamente no fue alcanzada por el fuego. En contraste, todo lo que se decomisó en las semanas previas a la hecatombe fueron siete toneladas.

    Desde inicios de diciembre el coronel PN Eduardo Arteta solicitó al Fiscal Provincial de Turno Permanente en Lima para intervenir locales del cercado de Lima donde se vendía productos pirotécnicos. En base a un informe de Inteligencia policial, se adjuntó la lista de una veintena locales, todos ubicados entre las cuadras 5 y 7 del Jr. Cusco y, entre éstos, varios establecimientos ubicados en la nefasta galería Mina de Oro II.

    Sin embargo, la Policía sólo contó con el respaldo del Ministerio Público para intervenir siete locales. Incluso, el 14, el fiscal César Venegas Gamarra se negó a realizar las diligencias necesarias para el descerraje de varios locales. Necesitaba más información.

    Por cierto, la Dirección de Armas y Municiones de Empleo Civil (Dicscamec) a cargo de Juan Mijichich "actuó -según el viceministro del Interior, Gino Costa- por lo menos, negligentemente".

    Para el parlamentario José Barba, quien encabeza una comisión investigadora del Congreso sobre la catástrofe, asegura contar con testimonios de comerciantes que hablan de una "bolsa" de US$ 100,000 con la cual la mesa redonda de la corrupción chicha se mantuvo robusta.

     

    Congresista José Barba y director de Dicscamec, Juan Mijichich, detonantes discusiones bizantinas.

    PREVISIBLE HECATOMBE

    La tragedia era perfectamente previsible. En diciembre de 1991, el fuego producido por la manipulación de un simple cohetecillo originó un incendio en el jirón Andahuaylas matando a doce personas y destruyendo un centenar de negocios. En noviembre de 1993, un incendio destruyó toneladas de material pirotécnico en una galería ubicada en la sexta cuadra del Jr. Cusco. En diciembre de 1998, siete personas perecieron en otro accidente pirotécnico. Una vez más, en enero del 2000, un pavoroso incendio destruyó un almacén de tres pisos en la cuadra ocho del Jr. Miró Quesada.

    Los esfuerzos por imponer una zona rígida a la comercialización de productos pirotécnicos en Mesa Redonda se estrellaron contra la agresividad de los propios comerciantes.

    En diciembre de 1998, la entonces directora municipal de Comercialización y Defensa del Consumidor de Lima Metropolitana, Elsie Guerrero, fue atacada por los vendedores durante un operativo de decomiso de material pirotécnico en la galería Minas de Oro. Le rompieron el tabique nasal.

    A la total carencia de seguridad y la libre comercialización de toneladas de juegos pirotécnicos, se suma el último ingrediente del explosivo cóctel. Las galerías incendiadas tienen una historia de corrupción. Según Carlos Bringas, director municipal de Desarrollo Urbano, "hay dos tipos de galerías: las que no tienen licencia municipal de funcionamiento pues los proyectos no reúnen las condiciones de conformidad, pero que se beneficiaron por amnistías. Las otras son las que ni siquiera tienen sus expedientes consignados en la Municipalidad".

    El circuito en la justicia fujimorista era sencillo. Se pasaba por alto la autoridad municipal y los propietarios se acogían a la Ley 27157. Esta permite la regularización e inscripción en registros públicos cumplido el informe de un arquitecto designado. De producirse observaciones, podían consignarse en la minuta expedida por el notario y, no por ello, interrumpir la inscripción. Cuando la Municipalidad negaba la licencia, jueces como Percy Escobar estaban listos para negociar un recurso de amparo ante el cual era poco lo que se podía lograr. Escobar, famoso magistrado del anterior régimen, le otorgó uno de esa especie a la Mina de Oro II, lugar en el que perecieron muchas de las víctimas en la tragedia.

    El alcalde de Lima, Alberto Andrade, acreditó ante el Congreso, documentos en mano, las múltiples gestiones de la comuna desde septiembre para que se respete el principio de autoridad en la zona en estas Fiestas.

    Se llegó a establecer por primera vez una Feria de Pirotécnicos en el Parque de la Reserva. ¿Quién entonces surtía de material a los comerciantes de Mesa Redonda?

    Todo un muestrario de deficiencias institucionales enfrentadas a la inmensidad de la cultura informal que tantos estudios ha motivado. Ninguno de ellos preparó a los peruanos para la crudeza de la verdad a la que nos enfrentamos en vísperas de Año Nuevo.

     

    Memoria del Fuego
    Casual espectador del siniestro narra su amarga e inolvidable experiencia.

    FUIMOS a comprar boletos para la fiesta final. Estamos en Jr. Miró Quesada conversando amigablemente, gastando chistes que de tanto usarse pierden originalidad. Tocaría La Clave del Callao, sí hermano, la cerveza a seis soles. Tremenda ocasión para quitarse las espinas acumuladas en doce meses.

    De pronto un fuerte ruido interrumpe la conversación. No le tomamos importancia, porque no se corresponde con los estruendos que aprendimos a codificar en 13 años de atentados. No eran explosiones. Parecía más bien que acarreaban cientos de varillas de acero sobre el asfalto o el sonido del mar saliéndose en costas lejanas. Alguien que ya se había marchado, regresa. Miren arriba, sugiere: se quema el firmamento y el cielo iluminado no ofrece espacio para otros resplandores.

    La multitud se desborda por Jr. Miró Quesada. Hay que pegarse a la pared para no ser atropellado. Los caídos son pisados sin misericordia por quienes venían atrás. Me acuerdo de la tragedia de las Torres Gemelas, el espanto retratado en rostros fugitivos es idéntico. Huyen buscando la Av. Abancay, pero a los transportistas no les interesa mucho aquello que ven. Piensan en un castillo más que la Municipalidad regalaba al pueblo. Y en esa hora punta, 7:13 p.m., la competencia por ganar pasajeros es ardua, sin concesiones.

    A las 7:20 una policía trata de desviar el tránsito del Jr. Miró Quesada hacia la Av. Azángaro. Indolentes taxistas eluden su autoridad precipitándose a la Av. Abancay donde el embotellamiento es total. Dentro de la turba nace una iniciativa: "ayuden a la tomba". Jóvenes descamisados bloquean el crucero, sus manos ordenan lo mismo que la uniformada. Después de insultos y amenazas, lo consiguen. Por fin vía libre para el camión de bomberos cuya sirena nadie quería escuchar.

    Paralelamente otros descamisados se mueven entre el público. Arrebatan carteras, relojes, anteojos. Las mujeres que lloran por sus seres perdidos, son víctimas de un segundo horror. Ante la presencia masiva de ladrones, los locales pugnan por cerrar puertas. No es fácil: varios ambulantes intentan guarecerse, suplican que les permitan salvar sus bultos. La calle se ha tornado incontrolable. El caos y la desesperación se dan la mano con la incertidumbre.

    Vemos a un reportero gráfico ajustando lentes en medio de la pista. Él avanza sin temor, acerado por el oficio. Lo seguimos abriéndonos paso contra la estampida que comienza a ralear. Ingresamos a Jr. Andahuaylas donde el aire ya es irrespirable. Resbalamos sobre la miasma que cubre el asfalto. Un ambulante que se quedó salvando a otros, nos advierte: señor, no es fango: es grasa humana. El cordón policial que tardó en llegar, nos expulsa.

    Parecía que los robos disminuían. Sin embargo vemos a un hombrecito volar por los aires, lo han levantado entre dos, otros le arranchan los bolsillos, los zapatos, y el polo le cubre la cara porque no consiguen quitárselo.

    Los curiosos comentan que se trata de un incendio más como otros años. Calculan seis o diez víctimas. Nosotros sabemos que no es así. El olor inconfundible de la muerte nos hace prender cigarros para eludirlo.

    Los boletos se quedarían en el bolsillo de la camisa. A las doce de la noche del 31, nos abrazamos en familia antes de acostarnos. Imposible celebrar en medio del dolor que crece conforme aumenta la cifra de muertos. Algo me remonta a la tragedia del Estadio Nacional en 1964, cuando tenía 5 años. Igual que yo, en aquel tiempo, mi hijo menor no puede dormir: ha visto los noticieros y está condenado para siempre a recordarlos. (Dante Castro).

     

     


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