Edición Nº 1696

 

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    ARTICULO

    15 de noviembre de 2001

    El Derecho a Informarse
    A medida que se seguían revelando los secretos nocivos de una década, un seminario del Consejo de la Prensa Peruana abrió nuevas trochas en el tema central.

    Debatiendo la `Transparencia Económica y la Comunidad Internacional' estuvieron Carlos Seminario de INDECOPI, Javier Silva Ruete, Zenaida Solís de Radio CPN, Francisco Sagasti de Agenda Perú, Samuel Gleiser de la Cámara de Comercio y Juan Pardinas del CIDAC, México.

    Samuel Abad, especialista en temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo, y el compendio de bolsillo editado por esa entidad.

    SEGUN estimaciones realizadas por Price Waterhouse, la opacidad informativa -la falta de acceso adecuado a información en poder del Estado, y la desconfianza y corrupción que ésta generó- costó al Perú unos US$1,700 millones anuales durante la década de los 90.

    La cifra fue dada a conocer en el curso del seminario internacional `Acceso a la información y secretos de Estado' organizado la semana pasada por el Consejo de la Prensa Peruana con el auspicio del Consejo Británico y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El evento se realizó en colaboración con la Defensoría del Pueblo y la organización Article XIX del Reino Unido.

    El auditorio de la sede de la Comunidad Andina en Lima se vio colmado como reflejo del interés que ha cobrado el tema en tiempos en que cinco anteproyectos de ley afines -de Mercedes Cabanillas, Carlos Ferrero, Henry Pease y Anel Townsend- rondan el Congreso Nacional.

    Samuel Abad, defensor adjunto experto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, señaló que es indispensable la cabal comprensión de las complejidades de esta cuestión antes de legislar, ya que en más de una ocasión -y como ha sucedido en Paraguay- una ley de acceso a la información puede convertirse en una ley de mordaza si incluye excepciones ambiguas.

    Jorge Islas, sociólogo de la Universidad de México y abogado de la Televisión Azteca, indicó que en su país la sociedad civil formó una comisión técnica, llamada el Grupo Oaxaca, ante la existencia de un proyecto defectuoso, y ésta elaboró una recomendación detallada al Congreso Federal en previsión del debate respectivo.

    Entre los invitados internacionales al seminario se sumó el director del Comité Para un Gobierno Transparente de Nueva York, Robert Freeman, cuya tarea desde hace 27 años consiste en proporcionar registros públicos a los ciudadanos que los requieran

    La única limitación, señala Freeman, la establece el perjuicio que podría causar la revelación, y siempre que el presunto perjuicio no sea superado por el interés público.

    La negativa de entregar información puede ser apelada por el reclamante, y en EE.UU. una corte judicial decide el asunto en última instancia.

    Viceministro del Interior Gino Costa denunciando corrupción que encubrió secretismo policial. Malos manejos de fondos de pensiones y vivienda perjudican a miles de miembros de la institución.

    En Latinoamérica, sin embargo, nadie confía en el Poder Judicial y en México, por ejemplo, se ha recomendado la creación de un ente autónomo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que se encargaría de resolver las disputas.

    En el Perú, en grupos de trabajo convocados por el Consejo de la Prensa, se han discutido diversas opciones, entre ellas la de crear una Defensoría Adjunta especial que resolvería las apelaciones en una instancia superior y que, de ser necesario, apoyaría al demandante en un recurso de Habeas Data ante la Corte Suprema.

    El derecho a apelar rechazos de la burocracia pública es esencial en cualquier sistema de acceso, así como lo son la obligación de los servidores del Estado de proporcionarla en forma oportuna y en plazos fijados por escrito, a un costo que no exceda su costo real y so pena de sanción para los responsables incumplidos.

    En el estado de Nueva York las sanciones pueden llevar a la cárcel al servidor público que esconda, mutile o destruya registros, ya que se podrá invocar su mala fe.

    Tal como lo proclamaron `Los Principios de Lima', documento elaborado en noviembre del 2000 con la colaboración de 16 expertos entre los que se contaban tanto Abid Hussain, el relator especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, como Santiago Cantón, el entonces relator especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la OEA, toda información que posea el Estado debe estar a disposición del público, salvo aquellas excepciones que, amparadas y definidas por normas explícitas y publicadas, "sean necesarias para la protección de la seguridad nacional y/o el derecho legítimo del individuo a la intimidad".

    El definir estas excepciones de tal manera que no socaven lo substancial del derecho a la información es el tema delicado que inspiró este seminario.

    Sucede que en el Perú no sólo se ha cultivado el secreto como una forma de gobierno a niveles excepcionales, sino que en todas partes la tendencia a restringir la información se asoma en mayor o menor grado como un privilegio del poder. Y este fenómeno no se da necesariamente por designio superior, sino también en círculos burocráticos inferiores que defienden cuotas de influencia.

    Samuel Abad, especialista en temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo, y el compendio de bolsillo editado por esa entidad.Der.: Robert Freeman del Comité Para un Gobierno Transparente de Nueva York con Pardinas y el padre Felipe Mac Gregor.

    Ejemplos de nuevas trabas se han dado en el Perú precisamente a partir de la promulgación en febrero de los decretos supremos 018 y 035 mediante los cuales el Gobierno de Transición comenzó la apertura informativa.

    El problema es que el 018 estableció que cada dependencia del Estado cobrará por la información solicitada de acuerdo a los costos que determine su TUPA (Trámite Unico de Procedimientos Administrativos), y por allí se han colado excesos.

    Abad mostró un enjambre de tasas y condiciones diferenciadas que ahora enredan el acceso decretado. La Universidad Nacional de La Molina, por ejemplo, exige un pago de S/.1,000 para proporcionar información y ESSalud S/..2,300.

    Se necesita, sin duda, legislación para evitar cobros prohibitivos.

    A raíz de la promulgación de los D.S. 018 y 035 se establecieron portales en Internet para facilitar estadísticas e información al público, siendo la página `Transparencia' del Ministerio de Economía y Finanzas ejemplar.

    Coincidentemente con el seminario del Consejo, la Universidad de Ciencias Aplicadas otorgó uno de sus premios de Creatividad Empresarial al MEF por esa iniciativa, recibida por el actual ministro, Pedro Pablo Kuczynski, aludiendo deportivamente a un ausente, su predecesor, Javier Silva Ruete, ya que fue bajo su mandato que se instaló el portal.

    Silva Ruete agradeció la distinción y el gesto al presentarse en el Seminario y describió los niveles de corrupción amparados por el secreto y los dislates del cúmulo de decretos de urgencia reservados que encontró en los archivos de su portafolio.

    Como conferencista del panel `Transparencia Económica, Fiscal y la Comunidad Internacional', Silva Ruete también se refirió a la exigencia que ahora plantean las finanzas mundiales en este sentido. Francisco Sagasti, de Agenda, retornando de una de sus vueltas al planeta, añadió detalles y condiciones. La crisis del Sudeste Asiático ha reforzado la animadversión hacia las prácticas económicas ocultas.

    Por delicadeza quizá, nadie mencionó el hecho que el portal del MEF está sufriendo ciertos atrasos en su actualización en los últimos meses, asunto que se debe corregir de inmediato.

    Sin duda que una de las tareas del periodismo en el futuro será la de vigilar esos portales para denunciar atrasos o distorsiones. También será necesaria legislación para responsabilizar a los encargados de mantener la actualidad cibernética.

    Hans Landholt de IDL.Al lado:Embajador Roger Hart del Reino Unido yJorge Islas del Grupo Oaxaca.

    Un tema crucial de este seminario internacional, el de los secretos de Estado, no pudo ser tratado con un mayor aporte militar debido a que los comandantes generales de las tres armas se excusaron de participar.

    Sin embargo, en sesiones de trabajo anteriores, en las que tomaron parte representantes de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL, el Instituto Bartolomé de las Casas, la Comisión de Libertad de Prensa del Colegio de Abogados, y de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Católica, se hicieron presentes oficiales en actividad y retiro de la Marina de Guerra.

    En los institutos armados, y también en la Policía Nacional, toda la correspondencia tiene un grado de clasificación que va generalmente de "reservado" y "muy reservado", "secreto" y "muy secreto".

    Un contralmirante señaló que esto era absurdo y que la clasificación debiera reducirse a secreto o no secreto. Más aún, resulta que quien clasifica es generalmente quien emite el documento.

    Uno de los visitantes, José Rodríguez Elizondo, director de la revista Estudios Internacionales, catedrático de la Universidad de Chile y colaborador de CARETAS, señaló que cuando actuó de embajador de su país en Israel descubrió que en la diplomacia la mejor manera de lograr que el Ministro de RR.EE. lea un documento es calificarlo de secreto.

    Por su lado, Juan Pardinas, del Centro de Investigación para el Desarrollo de México, preguntó por "los riesgos que plantea la falta de transparencia para la seguridad nacional".

    Tanto él como Rodríguez Elizondo y varios participantes nacionales fueron claros en diferenciar los términos democráticos de la seguridad nacional con los de la doctrina totalitaria y encubridora que fue el manto de tantos abusos en los '70.

    Hans Landholt `de IDL' recordó que `Los Principios de Lima' condicionan puntualmente la clasificación del tema:

    "Las restricciones por motivos de seguridad nacional sólo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la integridad territorial del país y en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del régimen democrático".

    Landholt acotó que podrá haber ciertos episodios que puedan justificar restricciones transitorias adicionales al estar en juego (como en el caso de un secuestro) la vida de personas.

    Pero quien hizo una singular denuncia contra el secretismo indebido amparado en consideraciones de seguridad y de reserva policial fue nada menos que el actual viceministro del Interior, Gino Costa, quien recordó que miles de suboficiales se han perjudicado en la última década por los malos manejos en la Caja de Pensiones Militar Policial, y se refirió a una estafa en el Fondo de Vivienda Policial que supera los 100 millones de dólares (ver nota aparte).

    Los escándalos que conmocionan al país en estos tiempos, la secuencia de vladivideos que son parte de la programación semanal y las fortunas amasadas en el exterior como fruto de la compra secreta de armamento de dudoso rendimiento son los mejores argumentos en favor de la transparencia informativa.

     


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