Edición Nº 1694

 

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    ARTICULO

    31 de octubre de 2001

    Barra Brava
    Todos vinculados a la red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos : políticos, jueces, fiscales, dueños de medios de comunicación y empresarios registrados desde diciembre pasado hasta la fecha.

     

    Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori. Alberto Venero Garrido, testaferro de Montesinos, Roberto Huamán Azcurra, J. de Comunicaciones del SIN, Alberto Kouri Bumachar, ex congresista tránsfuga, Víctor Joy Way, ex congresista, ministro y premier.y Blanca Colán Maguiño, ex Fiscal de la Nación.

    Nicolás Hermoza Ríos, ex Pte. del C.C.- FF.AA, José Villanueva Ruesta, ex Cmdte. Gral. E.P. ex ministro, José Villanueva Ruesta, ex Cmdte. Gral. E.P. ex ministro., Ernesto Gamarra Olivares, ex congresista, Juan Valencia Rosas, testaferro de Montesinos, Luis Bedoya de Vivanco, ex alcalde de Miraflores, Alejandro Rodríguez Medrano, ex vocal supremo, Tomás Gonzales Reátegui,ex min. de la Presidencia, José Portillo Campbell, ex jefe de la ONPE, Agustín Mantilla C., ex congresista, Mendel Winter Zuzunaga, ex dueño de Canal 2, Luis Delgado de la Paz, ex jefe de Estado Mayor.

    Elesván Bello Vásquez, ex Cmdte. Gral. F.A.P, Rómulo Muñoz Arce, ex miembro del J.N.E., Antonio Palomo Orefice, ex congresista, Eduardo Calmell del Solar, dueño de Expreso, Walter Chacón Málaga, ex jefe del C.C.-FF.AA, Fernando Marino Panduro, cuñado de Montesinos, Juan Rivero Lazo, ex jefe de la DINTE, Nelson Carbajal García, ex miembro del grupo Colina, Walter Jave Huangal, ex inspector general E.P., Julio Chuqui Aguirre, ex miembro del grupo Colina.

    Antonio Ibárcena Amico, ex Cmdte. Gral. Marina., César Alvarado Salinas, ex miembro del grupo Colina, Miguel Pino Díaz, ex miembro del grupo Colina, Luis Cubas Portal, ex jefe II Región Militar, Juan Yanqui Cervantes, ex jefe del COINDE, Vicente Silva Checa, accionista de CCN., Abel Muñoz Sáenz, vinculado a Montesinos, Nina Rodríguez, fiscal Provincial, Luis Duthurburu Cubas, testaferro de Montesinos, Alberto Venero Nazar, hijo de Alberto Venero.

     

     

     

    El caso de Héctor Chumpitaz es el último en provocar las penas de la ciudadanía.

    Varas Distintas
    Casos de corrupción no caben en el mismo saco.

    NO sólo la muerte nivela a los seres humanos. A juzgar por estas fotos, la corrupción también. Los rostros de quienes se engolosinaron con el poder aparecen trastocados por la humillación de sostener los carteles de su fichaje. El blanco y negro los hace todavía más similares.

    Pretender revelar todos los casos de corrupción en el mismo color es tan ingenuo como nocivo. No son comparables, por ejemplo, las situaciones de Ernesto Gamarra -un fiscalizador que fue filmado recibiendo tres mil dólares de manos del hermano del principal testaferro de Montesinos- o Héctor Chumpitaz -a quienes muchos han salido a justificar como un "hombre ingenuo"- con la de Blanca Nélida Colán -ex fiscal de la Nación- o José Portillo Campbell -ex jefe de la ONPE-, ambos activos integrantes de la red de corrupción.

    Los medios de comunicación y el ambiente político contribuyen a radicalizar el ambiente. El Perú no estaba preparado para una avalancha de esta envergadura y eso se nota. Por el favor de los titulares compiten el Ministerio Público, el de Justicia, el Congreso, la Procuraduría y la Fiscalía. Los periodistas insultan a los abogados de Vladimiro Montesinos en las conferencias que convocan y les recuerdan que su defendido no respetó en los demás los derechos que hoy reclama. Olvidan que un juez medianamente inteligente nunca echaría mano de esos argumentos.

    PRESUNCION DE INOCENCIA

    Para el penalista Luis Lamas Puccio, "el debate jurídico y dogmático ha quedado de lado. Los jueces y fiscales actúan con mano dura. Hay que meter a la cárcel a todo el mundo y después ya se verá". Su afirmación no parece desorbitada. En un caso que sí podría caber en el mismo saco del de Gamarra, Luis Bedoya de Vivanco, acusado de recibir dinero para su campaña a la alcaldía de Miraflores, afirma que su detención es una "medida arbitraria" y argumenta que se basa en la presunción de culpabilidad por haber recibido fondos públicos. No en la de inocencia, de tratarse de dineros privados, que estipula la ley. El despacho de la juez anticorrupción Magaly Báscones, el mismo que ordenó la permanencia de Bedoya en el penal de San Jorge, reconoció que Montesinos podía haber dispuesto también de recursos privados para comprar a quienes fuese necesario.

    Las consecuencias internacionales por los talones de aquiles de los procesos ya se dejan ver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano información sobre las razones del arresto de Bedoya. Analía Calmell del Solar inició una campaña internacional aduciendo que el debido proceso de su padre, Eduardo, no viene siendo respetado debido a una serie de irregularidades que bien podrían mencionarse en otros casos (retrasos, seis cambios de jueces). El último revés lo constituye la nota diplomática de Estados Unidos en la que se responde al pedido de arresto urgente de José Luis Francisco Crousillat, accionista de América Televisión que vendió la línea editorial del canal. Según la nota, en el caso no se cumplen las "circunstancias urgentes" mencionadas por el tratado suscrito entre ambos países en 1899.

    CASA,CARCEL, COMPARECENCIA

    Una de las discusiones centrales está en los hechos que definan que un procesado esté recluido en un penal (y cuál de ellos), en su domicilio o sencillamente tenga algún tipo de comparecencia. En palabras de Lamas Puccio, "la cárcel se convirtió en un mecanismo prioritario y no en el extremo. Tarde o temprano, muchas de esas personas van a tener que ser liberadas, antes de ser condenadas. Y cuando salgan en libertad, toda esa concepción ideológica se va a desmoronar". Es esa forma de pensamiento que tiene como máximas ideas del tipo de reconstruir El Frontón en lugar de sentar jurisprudencia y llenar los importantes vacíos legales que tiene el Perú en materia de corrupción. Hay detenidos como Gamarra y Bedoya, que se defienden con decir que utilizaron el dinero proveniente de las arcas negras de Montesinos para campañas electorales. Sin embargo, los partidos no cumplen con justificar el dinero utilizado en las suyas. De otro lado, así como la justicia parece actuar con suma dureza en algunas circunstancias, no cuenta con una tipificación adecuada para el lavado de dinero, que sólo toma en cuenta los casos de narcotráfico. Así, muchos que deberían ser procesados por lavado lo serán únicamente por cargos de corrupción. A eso hay que agregarle que el Código Procesal Penal no entra todavía en vigencia.

    Afinar los puntos débiles de la campaña de moralización es más importante que la satisfacción inmediata de la tribuna. Tanta cárcel puede terminar por hundirla y provocar el más auténtico alborozo entre algunos que se merecen, sin rodeos, varios penales.

     


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