Edición Nº 1686

 

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    ARTICULO

    6 de setiembre de 2001

    Truena Pachacamac
    Universidad del Pacífico y otros agreden patrimonio cultural de la nación insistiendo en la posesión de 24 hectáreas dentro del principal santuario prehispánico de la costa central del Perú.

    Escribe ALBERTO SANCHEZ-AIZCORBE C.

    EN maniobra no muy clara el señor Fernando Guinea Fernández se hizo propietario, mediante remate público de 23 de setiembre de 1977, de 24 hectáreas pertenecientes al complejo arqueológico de Pachacámac, dando inicio a un prolongado proceso judicial. Después de 24 años de marchas y contramarchas, de quema de totorales, de anticipos de legítima y ventas a terceros, el procurador público del Ministerio de Educación ha demandado se desarchive el proceso y se reinicie la causa a favor del Estado, mediante un juicio de nulidad de remate e inscripción en Registros Públicos contra Fernando Guinea Fernández y Negociaciones Mamacona S.A., propietaria original de las 24 hectáreas conocidas como Palmera y Totoral, área en donde se ubica la laguna de Urpi Wachac.

    Esta laguna y su entorno fueron estudiados por Julio C. Tello, en la década de 1940, cuando aceptó el encargo del Gobierno de poner en valor Pachacámac (600 hectáreas entonces reducidas en la actualidad a 473). Las prospecciones realizadas en aquella oportunidad determinaron el valor histórico del lugar "al haber registrado cisternas de agua, muros epimurales, canales, caminos de piedra, ceramios y otros". Es por esta razón que en 1969, resolución ministerial mediante, las 24 hectáreas son declaradas como parte del patrimonio arqueológico del Santuario de Pachacámac. Y es presumible que, atendiendo a esta declaración, Negociaciones Mamacona, representada por el ingeniero José García Bustamante, haya decidido donar a la dirección general del Museo de Sitio la zona donde la esposa de Pachacámac, Urpi Wachac, jugaba con los peces y sus dos menores hijas -según cuenta una leyenda- en los atardeceres incomparables frente al Pacífico.

    La minuta de donación fue firmada por Arturo Jiménez Borja, incansable defensor hasta su muerte del santuario, e ingresada a la notaría de Gustavo Correa Miller con el kardex 169974, el 2 de diciembre de 1970. Y aquí comienza el misterio: el 22 de marzo de 1971 un tal Seminario, empleado de la firma donante, retira el documento de la notaría, razón por la cual no pudo ser elevado a escritura pública ni inscrito en los respectivos registros. Eran tiempos militares y el Instituto Nacional de Cultura dirigido por José Miguel Oviedo y Martha Hildebrandt, los que, seguramente más preocupados en las letras que en otra cosa, descuidaron el aspecto arqueológico. De otra manera no se explica que el asunto se detuviera allí y se dejaran pasar poco más de cinco años en los que, perdonando a redundancia, no pasó nada; hasta el 13 de setiembre de 1976, en que don Luis F. Carbone interpone demanda de pago de beneficios sociales contra Mamacona ante el 5o. Juzgado Privativo de Trabajo. En mayo del '77 se le da la razón y se ordena el embargo de Palmera y Totoral. Cuatro meses más tarde se procede a remate público en el que ¡Oh, suerte de los dioses! el único postor es el ciudadano Fernando Guinea Fernández, que se hace de 24 hectáreas que inscribe en Registros Públicos (ficha 81020).

    Efigie del dios Pachacámac y Jorge Alvarez, tenaz defensor de su santuario.

    En reacción tardía, pero reacción al fin, elasticidad burocrática podría decirse, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación interpuso demanda de otorgamiento de escritura pública el 10 de junio de 1983, dando comienzo a un litigio que se desarrollará durante los siguientes 15 años. Lapso en el que desaparecerá el expediente y será necesario reconstruirlo; en el que se le prenderá fuego al totoral de la laguna, se talará medio bosque de eucaliptos y se cerrará con un adelanto de legítima a favor de José Luis Fernando Guinea Naranjo (29 de noviembre de 1995) para su posterior venta, mediante escritura pública de 13 de agosto de 1997, a la Universidad del Pacífico y otros; entre los que se encuentran, entre otros, Pedro Alejandro Bellatín Pastor, Alberto Luis de Azambuja (dueño de Punto Visual, empresa que ha plagado de letreros Lima, Panamericana Sur incluida), John Edward Loveday Vinatea (seguramente pariente de la China Tudela) y varios Rizo Patrón. Un total de 15 propietarios incluida la Universidad.

    Es justo considerar que la compra se hizo de buena fe, aunque en conferencia pública Mariana Moulde de Pease, tenaz defensora del patrimonio nacional, habría sostenido que la Universidad del Pacífico sí sabía en lo que se metía. Cabe traer a colación que el padre Felipe MacGregor, al recibir hace un par de años la medalla de la ciudad de Santiago de Surco, rememoró los días en que, siendo director del colegio La Inmaculada, tuvo que tomar la decisión de comprar o no los terrenos sobre los cuales se levanta hoy el colegio. Las ordenanzas de la ONPU (Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo) determinaban entonces la intangibilidad de las áreas agrícolas situadas al Este de la Panamericana Sur; sin embargo, al averiguar que el Hipódromo había adquirido tierras para su traslado de San Felipe a Monterrico, MacGregor tomó la decisión considerando que en breve las ordenanzas serían letra muerta. Y así, efectivamente, se desarrollan nuestras ciudades. La política de hechos consumados o de lobbys, como se diría modernamente, son la guía. Hasta que alguien se ponga fuerte. Y aquí entra a tallar Jorge Alvarez von Maack que, con voz de trueno, e ira similar a la del dios Pachacámac enfrentado a su rival Kon, hizo su aparición en el tercer piso de CARETAS para sentar una denuncia como para remecer el suelo.

    Julio C. Tello estudió y puso en valor Pachacámac. El sitio recibe 90,000 visitas al año. derecha; Delante del bosque el cerco de la Universidad y destacarían detrás sus edificios. El movimiento propio de la entidad acabaría con la majestad del lugar.

    "Vengo a denunciar el convenio genuflexo firmado por el INC en agosto del 2000 que pretende consolidar la usurpación de 24 hectáreas del Santuario de Pachacámac" fueron las primeras palabras de Alvarez, presidente del Patronato Cívico de Defensa del Santuario de Pachacámac (Padepa). Sin pelos en la lengua, aunque muchos en la barba, arremetió a continuación contra quienes han intervenido en la pretendida consolidación. "El convenio tiene nombres propios: INC-Repetto (por Luis Repetto ex director del INC)- Universidad del Pacífico; además de uno pomposo: Convenio de donación, reconocimiento de patrimonio cultural, rescate, restauración, puesta en valor de la laguna Urpi Wachac, montículo arqueológico y zona paisajista, ubicados en la zona Palmera y Totoral, del complejo monumental de Pachacámac, con la Universidad del Pacífico y otros". En realidad, da la impresión que bajo nombre tan kilométrico algo se quiere hacer pasar piola, para usar un argentinismo. Y Jorge Alvarez levanta la voz para denunciar que un lobby (voz que en algunos casos puede provenir de lobo) se ha establecido alrededor del tema, lobby que habría contado con el aval del ex primer ministro Alfonso Bustamante.

    El ex director del INC, Luis Arista y el arqueólogo Miguel Pazos, en tiempos de Arista responsable del área de patrimonio cultural del instituto, también habrían avalado el convenio que Registros Públicos se negó a inscribir. Ante esta negativa, refiere Alvarez, se insiste, y el 4 de enero del 2001 se pretende inscribir el título 00002732 a través de la notaría Murguía (kardex No K4673). Al no poder hacerlo y ante el registro realizado seis días después por el gobierno de Valentín Paniagua de 7 fichas correspondientes a las 24 hectáreas de Palmera y Totoral (registro que procura la adecuada intangibilidad a la zona) se pretende la firma de un nuevo convenio en vísperas del cambio de mando, el día 27 de julio. En el ínterin, la Municipalidad de Pachacámac denunció ante la fiscalía el convenio INC-Repetto-Universidad del Pacífico y a todos los que resulten responsables.

    Ante la improbable utilización de Palmera y Totoral para fines de edificación, la Universidad del Pacífico habría intentado recuperar la equivocada inversión ofertándola a la organización de cementerios Campo y Fe por US$ 1'600,000.00. Desgraciadamente, no se presta para enterrar muertos un lugar que guarda vestigios, según los estudios de Julio C. Tello, de una cultura aún viva. De lo que se trata es de desenterrar nuestra historia para exponerla al futuro.

     


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