Edición Nº 1672

 

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    ARTICULO

    31 de mayo de 2001

    Matanza Olvidada
    En mayo de 1992, el ex presidente Fujimori pudo haber evitado la masacre de más de 60 presos. Pero hizo caso omiso a las llamadas de alerta.

    El ex mandatario dando brumosas explicaciones sobre lo que ocurrió entre el 6 y el 10 de mayo de 1992. ¿La negociación no estaba en sus planes?

    HACIA las 5 de la tarde del 9 de mayo de 1992, los interiores y exteriores del penal de Canto Grande, en Lima, eran un verdadero alboroto. Cerca de los muros de seguridad, decenas de los familiares de presos senderistas gritaban o insultaban a los policías y autoridades presentes; adentro, el humo y estruendo de las bombas gobernaban.

    Ante la gravedad de los hechos, Luis Jiménez, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomó un teléfono celular, llamó a Palacio de Gobierno y pidió hablar con el Presidente. A pesar de su insistencia, un edecán le contestó que el mandatario no le respondería. En los minutos siguientes el infierno continuó.

    Lo que la Policía calificaba como un motín había empezado, tres días antes, en la madrugada del miércoles 6 de mayo, cuando fuerzas combinadas de la Policía Nacional y del Ejército abrieron con explosivos un boquete en el pabellón 1-A de mujeres. Se trataba del plan "Mudanza 1", que consistía en trasladar a reclusas senderistas al penal Santa Mónica de Chorrillos.

    Solamente un mes atrás, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos habían perpetrado el autogolpe militar, en medio de un abrumador apoyo ciudadano. Uno de los argumentos había sido la ineficaz lucha contra el terrorismo, de modo que un operativo de esta naturaleza, de "mano dura", podía fascinar a buena parte de la población.

    Los miembros de SL, a su vez, habían convertido a las cárceles en una suerte cuarteles de adoctrinamiento, tal como se había advertido en CARETAS 1170, del 30 de julio de 1991. Ante el clamoroso descontrol de las prisiones, el nuevo régimen asumió que el único lenguaje posible para proceder a un traslado era el de las bombas

    Producida la incursión, las senderistas, entre las que se encontraba Sybila Arredondo, reaccionaron con furia militante. Agitaron furibundas consignas y se dispusieron a resistir, para lo cual contaron con el apoyo de los senderistas del pabellón 4-B, quienes podían ingresar al pabellón de mujeres por un túnel. La batalla estaba desatada.

    Durante todo el primer día hubo escaramuzas feroces (ver CARETAS 1210) por todos los recovecos de los pabellones mencionados. Los senderistas usaron quesos rusos, ácido muriático, armas que tenían o que arrebataron a algunos policías que mataron. Las fuerzas del orden combinadas utilizaron explosivos y fusiles AKM.

    En la noche de ese duro día, la fiscal especial para casos de terrorismo Mirtha Campos comprobó que habían muerto 10 subversivos y tres policías. Los heridos eran por lo menos 15 y el traslado no se había consumado. El jueves por la mañana, los y las senderistas permanecían al interior de los pabellones 1-A y 4-B.

    Luis Jiménez, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.,en Canto Grande, el día de los sucesos. Derecha: El cerco policial al penal de Canto Grande, en mayo de 1992. Sólo un mes antes, se produjo también un cerco de la democracia.

    A partir de entonces se producen varios hechos que evidencian cómo el diálogo fue echado al basurero de esta historia. El jueves 7 por la noche, los familiares habrían comunicado a organismos internacionales humanitarios que los presos senderistas aceptaban el traslado. Hasta algunos policías respiraron, pues se temía una masacre similar a la de junio de 1986.

    Entre los periodistas que montaban guardia desde el miércoles 6 corrió la misma versión. Enterado del asunto, el viernes 8 en la mañana Jiménez contactó a diversas autoridades para inducirlas a ejecutar el traslado. Habría visitado al ministro de Justicia, Jorge Vega Santa Gadea; al de Trabajo, Augusto Antonioli, al viceministro del Interior David Mejía.

    Coincidentemente, en el penal los senderistas enviaron una comisión presidida por Yovanka Pardavé para negociar una salida pacífica. Exigían la presencia de la Cruz Roja, la OEA, de un miembro del "Comité de Familiares", de uno de los "Abogados Democráticos", del fiscal y del médico legista.

    Las autoridades sólo aceptaron la presencia del fiscal y el médico legista.

    La negociación no avanzó más. Al parecer, hubo una consideración política del nuevo régimen de facto, similar a la de García Pérez cuando se produce la masacre de junio de 1986 (en ese caso fue el congreso de la Internacional Socialista): el domingo 10 de mayo, llegaba a Lima Marco Tulio Bruni Celli, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    A escasos 30 días del autogolpe, recibir a este funcionario con un problema de ese calibre encima resultaba sumamente embarazoso. El sábado 9 hacia el mediodía, Fujimori habría autorizado el asalto final, a cualquier precio. Por la noche, tras numerosas explosiones y disparos de francotiradores, los subversivos se rindieron.

    En la mañana del domingo salieron al menos 350 hombres y 110 mujeres, cuarenta de los cuales estaban heridos. Ocho cadáveres también fueron encontrados, pero los escombros escondían más horror. En total, los muertos habrían sido más de 60, por los cuales no se hizo mayor escándalo. Total, era un momento estelar de la nueva dictadura.

    Sólo personas como monseñor Augusto Dammert, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, y Pilar Coll, en ese momento secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, además de Jiménez, intentaron buscar el escurridizo hilo de la salida negociada. Fujimori, en cambio, cortó sin más el hilo de la comunicación telefónica.

    La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe especial por el Perú de 1993, afirmó que no se aceptaron "ningún tipo de buenos oficios" para solucionar el conflicto. El caso estaba registrado en la CIDH con el No.11.015, desde el 12 de junio de 1992, pero curiosamente nunca se tramitó, hasta el día de hoy.

    La investigación de estos hechos será una de las tareas de la Comisión de la Verdad y podría comprometer el destino judicial de Alberto Fujimori. Si se comprueba que estuvo a su alcance evitar la masacre, pero simplemente no contestó el teléfono, sería pasible de un proceso penal. Salvo que se crea que la novel dictadura tenía autoridad incluso sobre la vida humana (R.E.)

     


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