Edición Nº 1662

 

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    ARTICULO

    22 de marzo de 2001

    ¿Cómo Murió 'TITO'?
    La investigación forense sobre los emerretistas muertos en la residencia del embajador Aoki se va centrando en Eduardo Cruz Sánchez `Tito'.

    Pasan los días y crece la controversia en torno a lo ocurrido el 22 de abril de 1997, durante la operación Chavín de Huántar. Tras las exhumaciones, los forenses ya investigan la causa de la muerte de los 14 emerretistas fallecidos en la acción y la atención se concentra en lo ocurrido con Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", el segundo jefe del comando del MRTA. La solitaria bala que, al parecer, acabó con su vida es el punto alrededor del cual gira toda esta conflictiva historia.

    Los emerretistas en el pleno manejo de la situación al interior de la residencia, en el verano de 1997. Las exhumaciones de sus cuerpos han abierto una terrible Caja de Pandora.

    SON días extenuantes y tensos en los lúgubres ambientes de la Morgue Central de Lima. Desde el lunes 19, los 10 antropólogos forenses encargados de investigar la presunta ejecución extrajudicial de algunos miembros del MRTA, durante la operación Chavín de Huántar, examinan, con ojo de joyero, los restos exhumados la semana pasada en Lima.

    Al cierre de esta edición, el martes 20, habían explorado apenas 4 de los 14 cadáveres y, aunque mantienen un prudente hermetismo, ha trascendido que la piedra de toque para determinar si hubo un acto irregular pasa por saber cómo murió Eduardo Cruz Sánchez, el subversivo conocido como "Tito".

    La bala que, al parecer, atravesó su cerebro -algo ya determinado por la necropsia hecha en el Hospital de Policía- configura un acto extraño, sobre el cual discurriría parte de la investigación. Si los miembros del EPAF (Equipo Peruano de Antropología Forense) corroboran esto, la acusación judicial podría prosperar.

    ¿Por qué? Los exámenes están aún en marcha, pero hay indicios de que dicho disparo habría entrado por el mentón, desde un ángulo difícil, y habría destrozado la parte posterior de la masa encefálica de "Tito". Esto podría haber implicado un tiro cercano, algo muy distinto al fuego graneado que recibieron el resto de subversivos.

    Es prematuro afirmarlo, pero otras versiones surgidas esta semana abonan las sospechas en torno a la muerte del número dos del MRTA en el momento del secuestro. Una de ellas, esencial, es la ofrecida esta semana por el general PNP Máximo Rivera Díaz, ex rehén y entonces jefe de la DINCOTE.

    Rivera ha dado crédito a la versión de Hidetaka Ogura, acerca de la presunta ejecución de rendidos, pero no, como han señalado otros medios, porque también vio a "Tito" tendido en el piso y amarrado. En realidad él salió por otro lado durante el rescate, sólo que ha reconocido que recogió varias versiones coincidentes con la del diplomático japonés.

    Una de ellas, explicó a CARETAS, la escuchó el mismo 22 de abril de 1997, varios minutos después de la operación Chavín de Huántar, en un ambiente del Hospital Militar, cuando varios rehenes liberados comentaban con angustia la resaca de lo vivido. "¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos?", escuchó que preguntaban en medio del alboroto.

    "Parece que sólo el doctor Giusti", habría respondido alguien, para, a continuación agregar que "a `Tito' lo agarraron vivo". El general PNP dice no recordar exactamente quién lo dijo, aunque sí que fue vox populi en ese instante de indescriptible angustia y que luego volvió a escuchar esa versión en diversas reuniones sostenidas con los ex rehenes.

    El ex jefe de la DINCOTE también afirma que no todos los emerretistas dispararon a matar a los rehenes. "Cuando empezó el rescate -cuenta-, `Leo' (un emerretista) entró al cuarto y nos dijo: "tírense al suelo, nomás, no levanten la cabeza'". Asimismo, señala haber escuchado la versión de que "Tito" pretendió huir confundido entre los magistrados.

    Curiosamente, esta semana CARETAS recogió, de dos fuentes sumamente confiables que prefirieron el anonimato, una versión similar que, de confirmarse, provocaría aún más controversia. Según ella, "Tito", sumido en la desesperación y ya viéndose perdido, le habría pedido a Alipio Montes de Oca y a otro vocal supremo que le ayuden a salir con ellos.

    Estos le habrían sugerido que se quite rápidamente el uniforme del MRTA, para que no sea reconocido, e incluso Montes de Oca le habría prestado una camisa. Así, salieron todos a rastras, pero `Tito' fue reconocido en el trayecto. No queda claro si alguien delató al subversivo o si simplemente algún comando se dio cuenta de su presencia.

    Lo curioso es que esta versión coincide en cierto modo con la de Ogura, cuando éste señala que `Tito' estaba amarrado, boca abajo y vestido sólo con un short y un polo de manga corta, es decir sin el típico uniforme emerretista. Después, coinciden ambas versiones, fue llevado de vuelta a la residencia por un comando y luego apareció muerto.

    Algunos rehenes, de acuerdo a esta versión, entre ellos Ogura, se habrían sorprendido luego al saber que "Tito" también habría muerto. Pero aún más. El ex ministro de Agricultura Rodolfo Muñante, en una entrevista concedida 48 horas después del rescate a la periodista Ineke Holt del diario holandés De Volkskrant, sostuvo algo difícil de olvidar.

    "En el cuarto de los jueces -habría declarado Muñante- había un chico. `Me rindo, me rindo', gritaba. El intentó sacarse desesperadamente el armamento, el chaleco con granadas. Pero tenía tantas que no lo conseguía. Observé bien: él se entregó a los jueces...". ¿Se trataba de "Tito"? El ex ministro luego desmintió lo dicho, pero la duda quedó flotando.

    Muñante luego ha firmado el comunicado difundido el martes 20 por algunos ex rehenes -casi todos vinculados al régimen anterior-, en el que éstos, además de discrepar con Ogura, señalan que el humo de las explosiones y el fuego cruzado "hacían imposible la visibilidad". Todo ha quedado nublado entonces, aunque no para la fiscal Flor de María Alva.

    Esta semana, citó a su despacho a varios ex rehenes, entre ellos al almirante Luis Giampietri, quien habría reiterado ante ella parte de lo que declaró en la edición anterior de CARETAS. La novedad, sin embargo, es que también habría citado a ex comandos que participaron en el asalto y por lo menos uno de ellos habría contado una historia hasta ahora escondida.

    Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", en vida, junto a una estatua del inca Atahualpa en Cajamarca. Derecha: General PNP Máximo Rivera, ex rehén mostrando una foto de "Leo", uno de los emerretistas.

    Según fuentes judiciales consultadas por CARETAS, uno de los comandos habría confirmado que cuando rescataban a los rehenes japoneses aparecieron dos emerretistas en ese cuarto, que era de Ogura y estaba contiguo al de los jueces. Estos habrían sido una de las mujeres, aquella a la que llamaban "La Gringa" (Melissa) y el joven conocido como "Dante".

    ¿Qué ocurrió en realidad? Hay todavía mucho que investigar y, aun cuando los indicios van dibujando dudas alrededor de la muerte de "Tito", no debe olvidarse el hecho de que sí hubo un cruento enfrentamiento entre emerretistas y comandos, por lo menos parcialmente, que devino en la muerte del teniente Jiménez y el comandante Valer.

    Reconocer eso, sin embargo, no significa adherirse a la reacción destemplada y maliciosa del ex oficialismo, que está levantando el manido argumento del rebrote terrorista para bloquear cualquier investigación y para espetarle al actual gobierno su supuesto descuido. Con las exhumaciones, en suma, volverán todos los males, según este torvo parecer.

    Por si fuera poco, la situación generada en el penal de Yanamayo en los últimos días, justamente por internos del MRTA, y el juicio a Lori Berenson (ver recuadro) han coronado un panorama en donde se agitan fantasmas y se pesca a río revuelto. Los subversivos, por ejemplo, quieren convertir las exhumaciones en pruebas consumadas y revivir un protagonismo extinguido.

    Pero el ministro de Justicia Diego García Sayán ha dicho ya que "no hay ningún ultimátum que escuchar", refiriéndose a la inaceptable exigencia, hecha por los subversivos, para que trasladen a algunos de sus presos a Lima. Ese mismo criterio, acaso, debería valer para todas las circunstancias que rodean a la espinosa investigación de lo ocurrido en abril de 1997.

    Nadie tiene derecho a exigir silencio, que no se sancione a los responsables si se comprueba que hubo ejecuciones, que se aplace hasta el infinito la investigación. Asimismo, nadie puede amenazar con "tirarse abajo Yanamayo", como habría dicho Lucero Cumpa, menos aún si el MRTA más de una vez secuestró sin tiempo y sin compasión a algunos ciudadanos.

    Si se trata de rescatar la verdad en medio de los escombros de un hecho terriblemente sangriento, los plazos perentorios, las amenazas, las extorsiones son un estorbo. Sólo en medio de una sana libertad se podrá ir develando qué pasó aquel 22 de abril de 1997 y si la muerte de "Tito" constituyó o no un ataque artero al deseo último de seguir viviendo (Ramiro Escobar y Paola Ugaz).


    Sentencia Mayor
    CIDH declara nula la Ley de Amnistía, sentando precedente en el sistema interamericano de justicia.

    Por primera vez la CIDH falla sobre una Ley de Amnistía.

    LOS militares que fueron amnistiados en el caso Barrios Altos podrían retornar al banquillo de los acusados para ser juzgados como la ley manda. Ello en virtud de la sentencia emitida el martes 20 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Costa Rica en contra de la Ley de Amnistía promulgada entre gallos y medianoches -con el congresista Gilberto Siura como gonfalonero de la mesura- en junio de 1995 y que favoreció, entre otros, al Grupo Colina.

    La sentencia señala "declarar que las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492 (Ley Cantuta y Ley Barrios Altos, respectivamente) son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos". Además declara que el Estado debe investigar los hechos para determinar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos, divulgar los resultados de dicha investigación y sancionar a quienes corresponda. Del mismo modo concede un plazo de tres meses para la fijación de las reparaciones de común acuerdo por el Estado demandado, la Comisión Interamericana y los familiares de las víctimas.

    Como la resolución señala que la Ley de Amnistía no tiene efectos jurídicos, según Miguel Huertas, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y uno de los integrantes de la delegación de defensa de los familiares de las víctimas de Barrios Altos ante la CIDH, el fallo implica no sólo la derogatoria de la ley sino la declaración de nulidad de dicha norma. Es decir, que los favorecidos con dicha ley entre ellos el mayor Santiago Martin Rivas, el ex jefe nominal del SIN, general (r), Julio Salazar Monroe, y los miembros del Grupo Colina, vuelvan a ser juzgados, terminen de purgar la condena pendiente o sus procesos judiciales se reabran.

    El derrotero que ahora le corresponde seguir al gobierno peruano, señala el abogado Germán Alvarez de APRODEH, es enviar la sentencia con un oficio al presidente de la Corte Suprema, Mario Urrelo, para que éste disponga que se resuelva el caso sin posibilidad de examinar ni modificar la sentencia. Además, tratándose de una derogatoria de ley, el Congreso de la República tendrá que emitir una nueva norma para poder dejar sin efecto la anterior.

    Después de cinco años de ser amnistiados, el general (r) Julio Salazar Monroe, jefe nominal del SIN y Santiago Martin Rivas, cabeza del Grupo Colina, entre otros, volverían a juicio.

    De acuerdo a la sentencia no hay plazos establecidos para que el gobierno acate la sentencia: se confía en la voluntad política del gobierno del Presidente Paniagua. Pero como en junio de este año se llevará a cabo una nueva Asamblea de la OEA, la CIDH tendrá que informar sobre lo actuado en torno a las sentencias emitidas. Y el caso de la Ley de Amnistía estará en agenda.

    Si bien la sentencia de la CIDH se ubica en el marco del Caso de Barrios Altos, para ejecutar el fallo de ésta, el gobierno peruano tiene que disponer una ley que declare sin efecto la ley de Amnistía, lo que afectaría no solamente el caso Barrios Altos, sino también el de la muerte de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta y de la matanza en los penales durante el gobierno de Alan García, además de los desaparecidos en Acomarca, Cayara y Tingo María. Todos casos en los cuales los responsables de esos crímenes fueron librados de polvo y paja.

    Que los militares y policías involucrados en casos de violación de derechos humanos vuelvan a ser juzgados o retomen sus condenas, pese a existir cosa juzgada y Ley de Amnistía de por medio, no es cosa del otro mundo. Existen ya precedentes al respecto. En Argentina, por ejemplo, el juez Gabriel Rubén Cavallo hace unas semanas declaró la inconstitucionalidad y nulidad de dos leyes de amnistía: Punto Final y Obediencia Debida, que exoneraron a más de mil militares implicados en graves violaciones de derechos humanos.

    Al parecer la sentencia habría estado lista apenas unos días después de la audiencia que definió la resolución del caso. Esta se llevó a cabo la mañana soleada del miércoles 14. Empezó a las 9 y 30 y veinte minutos después, ya había concluido: en este caso no hubo controversia. Los representantes de la defensa del Estado Peruano, Javier Ciurliza y Carlos Azabache, admitieron sin objeciones el reconocimiento de responsabilidad internacional.

    De este modo, el camino quedó allanado. Cuando concluyó la audiencia, el Presidente de la CIDH, Antonio Cancado, dijo que se trataba de una "sesión histórica" ya que nunca antes se había dado una coincidencia de voluntad y criterios entre las partes involucradas.

    Ciurliza es brazo derecho del ministro de Justicia, Diego García Sayán, y actualmente se desempeña como jefe del gabinete de asesores del ministro y preside además la Comisión de Indultos en ese portafolio. Ha sido además secretario general de la Comisión Andina de Juristas. Azabache, por su parte, es procurador ad hoc en los casos que se siguen de corrupción. Los asesores jurídicos de la Comisión, que representan a los familiares de las víctimas, son Miguel Huertas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Germán Alvarez de APRODEH y Roberto Meza de Ideele.

    Como se recuerda el proyecto de Ley de Amnistía fue aprobado en las mismas, oscuras circunstancias en las que fue planteado. En su artículo primero la ley decía: "Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares (...) por hechos derivados de la lucha contra el terrorismo". El tiempo demostró que en realidad estaba destinada a apañar al Grupo Colina (Sonia Sullón B.)


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