Edición Nº 1651

 

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    28 de Diciembre de 2000
    Por FERNANDO ROSPIGLOSI

    Más de un Corrochano

    LAS evidencias de la desbordante corrupción del gobierno de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori ha superado lo imaginable, y se ha convertido en uno de los problemas políticos claves del momento.

    El asunto es que la lucha contra la corrupción se ha transformado en una abrumadora demanda de la ciudadanía, que observa expectante si el Gobierno transitorio que preside Valentín Paniagua asumirá medidas eficaces y concretas para dejar al descubierto y sancionar a los que medraron durante la década pasada.

    Según muestra la experiencia reciente de América Latina, la corrupción se transforma en un tema relevante cuando va asociada a una crisis económica muy intensa. En la última década varios presidentes han sido depuestos por esa causa, manteniéndose el régimen democrático.

    Es el caso de Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Abdalá Bucaram en Ecuador. Todos ellos fueron acusados de corrupción. Sin embargo, su caída tuvo como telón de fondo una situación económica agobiante para la población.

    En Argentina, Carlos Menem hizo un gobierno plagado de denuncias de corrupción, pero logró abatir la hiperinflación y estabilizar la economía. La corrupción no se convirtió en un componente crítico de su gobierno.

    El punto parece ser, entonces, que el enriquecimiento ilícito de los gobernantes se vuelve intolerable cuando a la gente le va muy mal. Y los ciudadanos se vuelven más tolerantes cuando la situación económica es holgada y/o estable.

    Un ejemplo típico de esto es el de Carlos Andrés Pérez, cuyo primer gobierno (1974-1979) se benefició de la sorpresiva alza de los precios del petróleo, que produjeron una inesperada prosperidad en la economía venezolana. En ese período, Pérez fue acusado, con mucho fundamento, de corrupción, y la población no prestó mayor interés a las denuncias.

    A tal extremo que, a pesar de esos antecedentes, lo reeligieron en 1989, con una irracional ilusión: su retorno al Gobierno haría regresar la bonanza de su anterior período, cuando era obvio que en aquella oportunidad la situación de los venezolanos mejoró no por las virtudes del Presidente, sino por el alza del petróleo, cuyas causas eran totalmente ajenas al manejo de Pérez.

    En 1989 lo primero que hizo Pérez fue aplicar una suerte de shock, provocando una violenta reacción de la población, el "Caracazo" y luego la sublevación de Hugo Chávez, en febrero de 1992. Finalmente, Carlos Andrés Pérez, repudiado ampliamente, fue destituido.

    En el Perú, como es obvio, se ha producido la combinación de ambos factores. Por un lado, una prolongada recesión, desde fines de 1998, que todavía no concluye. Y de otro lado, una corrupción galopante.

    Eso aviva la indignación de la ciudadanía, que compara su paupérrima situación con la exuberante riqueza que ostentan los beneficiarios de los negocios y negociados del fenecido régimen.

    Así, desde el punto de vista político, es muy importante que se investigue y sancione a los corruptos. Eso hará que la población vaya recuperando paulatinamente la confianza en las instituciones y los gobernantes, lo que a su vez contribuirá de manera sustancial a restaurar la estabilidad política.

    Naturalmente, es muy importante empezar por los cabecillas y sus principales cómplices. No tiene sentido hacer lo que se practicaba en el Poder Judicial en años anteriores, cuando se pescaba con las manos en la masa a jueces que cobraban sobornos de 400 ó 500 dólares, mientras que el coimero mayor, Vladimiro Montesinos, y sus secuaces, se embolsicaban millones de dólares impunemente.

    No es difícil ubicar a algunos de los principales responsables de la venalidad que imperó en la última década, militares y civiles. El asunto es hacerlo rápida y sistemáticamente.

    Se rompería, además, una muy antigua tradición republicana y colonial, que los grandes ladrones y defraudadores no son sancionados, sobre todo si son blancos. Eso, por supuesto, alienta la corrupción, porque los que vienen se sienten protegidos por la impunidad de los anteriores. Quebrar ese nocivo hábito es fundamental.

    La detención de Javier Corrochano, sindicado como uno de los intermediarios de la red de corrupción de Montesinos, es un paso significativo. Pero dada la magnitud del problema, es indispensable avanzar con mayor rapidez.

     

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    Email:frospig@amauta.rcp.net.pe

     



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