Edición N 1640

 

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    ARTICULO

    12 de Octubre de 2000

    El expediente Montesinos:
    Caso Barrios Altos Revive
    Nueve años después, Pablo Livia, el primer fiscal encargado de investigar la matanza del jirón Huanta, revela detalles de su frustrada investigación judicial.

    Livia muestra el lugar donde, el 3 de noviembre de 1991, fueron masacradas 15 personas. Derecha: Uno de los muertos luego del brutal ataque del Grupo Colina, comando promovido por el SIN.

    Cuando en Panamá todavía se discute si se le otorgará o no el asilo a Vladimiro Montesinos, y mientras organismos de derechos humanos se preparan para dar la batalla contra su impunidad, la sombra de algunos casos en los cuales estaría implicado lo acechan. Uno de ellos es la abominable matanza de Barrios Altos, perpetrada en noviembre de 1991 por el Grupo Colina. Nueve años después, Pablo Livia, el primer fiscal encargado del caso, cuenta cómo se trabó su investigación judicial, hasta el punto de que fue cambiado y luego destituido. El caso hoy se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de producirse una sentencia desfavorable al Estado peruano, pondría sobre el tapete uno de los asuntos sobre el cual el ex asesor tendrá que responder internacionalmente.

     

    "Doctor Livia, doctor Livia, urgente comuníquese a la DIRCOTE..." A las 11 y 15 de la noche del domingo 3 de noviembre de 1991, desde la Central de Radio de la Policía, se lanzaba este llamado para el entonces Fiscal Titular para Terrorismo, Pablo Livia Robles, quien se encontraba de turno. Treinta y cinco minutos antes, en el interior de un viejo solar del jirón Huanta 840, en Barrios Altos, habia ocurrido una de las más espeluznantes matanzas que se recuerdan en Lima.
    Catorce personas mayores y un niño, todos ellos participantes en una pollada bailable, fallecieron acribillados. Otros cuatro quedaron gravemente heridos. Unas ráfagas de ametralladoras HK con silenciador -que dejaron regados 111 casquillos en el piso y 32 incrustados en la pared- consumaron el hecho, perpetrado por el grupo paramilitar denominado "Colina", en la creencia de que se trataba de una reunión senderista.

    Ex ministro de Justicia Vega Santa Gadea y capitán (r) Martin Rivas. Manejados desde el SIN


    Al parecer, la verdadera reunión de SL se realizaba en el segundo piso del mismo local, de modo que la masacre era doblemente brutal, por su crueldad y por haber estado dirigida contra gente inocente (pero aun si hubiesen sido verdaderos terroristas era un acto igualmente abominable). Era un hecho realmente estremecedor, como sostiene el fiscal Livia, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos.
    Cuando llegó, recuerda Livia, una de las cosas que le sorprendió fue el inusual despliegue policial montado en la zona, que incluía a algunos efectivos vestidos de civil. Por radio se le había informado que era un atentado terrorista y que la situación era grave, pero a pesar de que pidió detalles del luctuoso acontecimiento el hermetismo era muy grande.
    Posteriormente, sin embargo, logró averiguar que los atacantes habían utilizado dos camionetas robadas: una presuntamente asignada a Santiago Fujimori, hermano del Presidente, y otra de uso del entonces viceministro del Interior, David Mejía Galindo.
    Livia, a pesar de la serenidad que debía guardar para realizar su investigación, no dejó de estremecerse. Vio a las víctimas esparcidas en el piso, en algunos casos amontonadas una sobre otra. Los familiares lloraban y se aferraban a los cuerpos baleados.
    Lo que más lo conmovió, según cuenta, fue el cadáver del niño Javier Ríos Rojas de ocho años, quien tenía l2 impactos de bala. Estaba boca abajo y cerca del cadáver de su padre, Manuel Ríos Pérez, con 19 impactos de bala. Ambos se dedicaban a la venta de helados.
    El fiscal ordenó desalojar a todos los policías que nada tenían que hacer en el lugar. Sólo quedaron los de criminalística, homicidios y los de la DIRCOTE. Se preguntó entonces que hacía allí tanto personal de Inteligencia, que en otros atentados brillaban por su ausencia.

    Doctor Livia: nunca creyó la versión de que fue un atentado senderista. Por eso lo sacaron.


    Luego recorrió las instalaciones del solar y caminó sobre un charco de sangre. En las paredes aún se notaban los impactos de bala y habían adheridos restos de piel de algunas víctimas. Trató de hablar con los testigos, de buscar evidencias, aunque casi todo fue inútil. Lo poco que pudo determinar en ese momento es que los asesinos llegaron en las mencionadas camionetas robadas, que tenían circulina.
    Según Livia, los testigos le contaron que los atacantes eran entre l0 a l2, todos ellos encapuchados. Además de disparar contra los invitados, persiguieron a dos chicas que se encargaban de vender cerveza en la pollada y que corrieron a refugiarse en su casa. Fueron sacadas a patadas y las jalonearon hacia el patio, donde le dispararon varias ráfagas, sin misericordia.
    El jefe, de acuerdo a uno de los testigos, vestía una chompa "Jorge Chavez" y dijo "ya vamos carajo...". Como en ese entonces el Fiscal no tenía facultades para ordenar el levantamiento de los cadáveres, hubo que esperar el juez de turno. De todas formas, Livia pidió seguridad para los heridos Felipe León León, Natividad Cóndor Cahuana, Alfonso Rodas Alvítez y Tomás Livias Ortega.
    Desde un primer momento, la Policía quiso dar la versión de que se trataba de un acto terrorista. Pero Livia dudó siempre de esa explicación. Al día siguiente acudió otra vez al solar del jirón Huanta, visitó a los heridos y conversó con familiares de las víctimas. Así obtuvo numerosas versiones.
    Una de las que le llamó la atención fue aquella que narraba la incriminación que, días atrás, algunas de las víctimas le habían hecho a unos presuntos agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército que vigilaban la zona. De acuerdo a esta versión, lograron incluso que la Policía los interviniera y se les encontró equipos de comunicación y cámaras fotográficas.
    Durante los días que Livia estuvo al frente del caso pidió informes a la DIRCOTE para ver cómo marchaban las investigaciones. Los agentes se limitaban a decir que "Delta", un grupo operativo de investigación de la misma DIRCOTE, tenía a su cargo las pesquisas, pero no le daban mayores detalles.
    Pidió entonces interrogar a los efectivos de la dependencia policial de Barrios Altos y también acudir a algunos cuarteles militares. Sobre todo a la Escuela de Comandos, en donde se usaban ametralladoras HK con silenciador, similares a las usadas en la matanza.

    Javier Ríos Rojas, de apenas 8 años de edad. Uno de los fallecidos en la masacre de Barrios altos.


    En una de esas pesquisas, sostiene Livia, unos policías que lo acompañaban le comentaron: "Doctor, no se meta en lío de gringos... Nosotros queremos investigar pero hay órdenes verbales de pasar a otros casos... hay órdenes de la `fábrica'. El `Doc' no quiere ir más allá..."
    "¿Qué Doc?", recuerda que preguntó, con cierta ingenuidad. "El doctor Montesinos, el del SIN", le indicaron los policías. De todas maneras, envió oficios distintos pidiendo informes de balística a las Fuerzas Armadas. Tan sólo permaneció l6 días a cargo del caso.
    El 19 de noviembre de 1991 fue reemplazado por el fiscal Victor Cubas Villanueva y luego fue cesado, tras el autogolpe del 5 de abril, con una resolución firmada por el ministro de Justicia de ese momento Fernando Vega Santa Gadea, y sin ninguna compesanción por tiempo de servicios.
    Por esas cosas del destino, Livia había nacido y se había criado en Barrios Altos y nunca pensó que la matanza ocurrida en ese lugar marcaría un destino distinto en su vida. Pero no era esa su primera experiencia en estos difíciles casos.
    El 9 de octubre de 1985, a los pocos meses de la asunción de mando de Alan García, fue nombrado Fiscal Ad Hoc para investigar los sucesos propiciados por los terroristas recluidos en el penal de Lurigancho, en donde murieron 34 personas. También, había investigado la masacre de Soccos en Ayacucho y había denunciado a los policías que intervinieron en ella.
    Livia, además, en el lapso que duró su investigación del caso Barrios Altos (16 días), fue amenazado de muerte y sufrió dos atentados. Uno de ellos fue cerca de La Bolichera, en la avenida Tomás Marsano, cuando el taxi en donde se movilizaba fue baleado por desconocidos. Felizmente no hubo heridos. El otro atentado fue en San Juan Miraflores, frente a su casa, cuando hubo un apagón. Dos sujetos dispararon contra su domicilio.
    Nueve años después, Livia ya no piensa en estas cosas. Le importa más una reconsideración y ser restituido en su puesto. Antes no lo pudo hacer porque luego del cese de numerosos magistrados, el Gobierno dio una ley que prohibía todo tipo de juicio que permitiera la reincoporación de estos magistrados.
    Hoy que Vladimiro Montesinos, el artífice de estas maniobras -y presunto autor intelectual de esta y otras masacres-, ha caído en desgracia, quizá surja para él la esperanza. Y para los familiares de los asesinados, un atisbo de justicia (Jimmy Torres).


    Derrotero de la Impunidad
    El enrevesado itinerario del caso Barrios Altos y la demanda de justicia pendiente.

    El 3 de noviembre de 1991 se produce la masacre de 15 personas perpetrada por el Grupo Colina en el jirón Huanta Nº. 840, en Barrios Altos. Los muertos son: Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Filomeno León León, Odar Méndez Sifuentes Núñez, Teobaldo Ríos Lira, Máximo León León, Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, Lucio Quispe Huanaco, Manuel Isaías Pérez, Benedicta Yanche Churi, Placentina Marcela Cumbipuma Aguirre, Nelly María Rubina Arquíñigo, Tito Ricardo Ramírez Alberto y Javier Díaz Borja.
    Ese mismo día inicia sus investigaciones el fiscal Pablo Livia Robles, nombrado el 23 de abril de 1991, por Resolución de Fiscalía, como Fiscal para Casos de Terrorismo en Lima. Establece diligencias en cuarteles y puestos policiales, pero es bloqueado en sus investigaciones.
    El 19 de noviembre del mismo año es sacado del caso y en su reemplazo es nombrado el fiscal Víctor Cubas Villanueva, quien permanece en el caso hasta mediados de 1993. Sintomáticamente, luego del autogolpe del 5 de abril de 1992 el fiscal Livia es destituido
    El 2 de abril de 1993, el grupo de militares institucionalistas denominado "Leon Dormido" hace llegar al entonces miembro del CCD, Henry Pease, un sobre en el que denuncian la existencia de un grupo paramilitar que era el responsable de la desaparición de diez estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ocurrida el 17 de julio de 1992.
    Investigaciones periodísticas posteriores-entre ellas la realizada por CARETAS- determinan que este grupo se denominaba "Colina" y que también había perpetrado la matanza de Barrios Altos. El nombre del Mayor EP Santiago Martin Rivas emerge como uno de los cabecillas del tenebroso comando armado.
    El 5 de mayo de 1993, el general Rodolfo Robles Espinoza, tercero en ese momento en la jerarquía del Ejército, confirma la existencia de este grupo paramilitar y se exilia en la Argentina.
    En febrero de 1994, tras la presión nacional e internacional, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentencia a 20 años de prisión a Martin Rivas y Carlos Pichilingue, cabecillas del Grupo Colina (los otros encausados recibieron penas menores). Ese mismo año, el CCD había evitado que el caso La Cantuta vaya al fuero civil mediante una ley expresa.
    El 7 de abril de 1995, la fiscal Ana Cecilia Magallanes denuncia penalmente, por el caso Barrios Altos, al general de Brigada EP Julio Salazar Monroe, entonces jefe formal del SIN, y a otros cuatro militares miembros del grupo Colina. Incluso solicita el testimonio de Vladimiro Montesinos y del general Hermoza Ríos. La Jueza Antonia Saquicuray acoge la denuncia y hace las citaciones, pero los militares no asisten.
    El miércoles 14 de junio de1995 el CCD aprueba la vergonzosa Ley de Amnistía Nº. 26479, sustentada entre otros por el actual vicepresidente Francisco Tudela, entonces miembro del CCD.
    Dos días después, el 16 de junio de 1995, los autores de la matanza de Barrios Altos, que Livia quiso investigar están otra vez en la vía pública.
    El mismo día, sin embargo, la jueza Saquicuray declara improcedente la Ley de Amnistía para el caso Barrios Altos. Dos semanas después, el CCD aprueba otra Ley que impide continuar el proceso en el fuero civil.
    Al año siguiente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lleva el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo del 2000, la Comisión recomienda al Estado Peruano derogar la Ley de Amnistía para reiniciar la investigación judicial.
    Como el gobierno no accedió, el 15 de junio de este año, la Comisión envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. En todo este proceso, Vladimiro Montesinos es incluido como presunto autor intelectual.

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