Edición Nº 1620

 

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    26 de Mayo de 2000

     

    Bringas fue liberado por Nélida Colán de una denuncia por abuso de autoridad y prevaricato en 1994.

    Bringas Brinca
    Bringas, miembro del JNE, se pone saltón
    pero olvida su pasado.

    Escribe BRUNO DE OLAZABAL,
    imediaperu.com


    EL representante del Jurado Nacional de Elecciones ante la ONPE, el fiscal Carlos Bringas Villar, ha sido visto por todos en los últimos días, apareció en pantallas desdiciendo a Rómulo Muñoz Arce, uno de sus colegas en el JNE y advirtiendo a Alejandro Toledo que podía ir preso si "amenazaba, perturbaba o impedía el proceso electoral".
    El ahora draconiano defensor de la ley, es el mismo que en 1994, fue utilizado por el aparato del régimen para impedir que la doctora Inés Tello asuma el cargo de vocal superior que había ganado por concurso, ante el Jurado de Honor de la Magistratura.
    Después del autogolpe de 1992, se trazó una estrategia para copar los puestos claves del Poder Judicial. El primer paso fue realizar una poda, por demás arbitraria, que tuvo como una de sus víctimas a la entonces jueza penal Inés Tello.

    Facsímil A, Bringas acusa a Tello en abril de 1994. Facsímil B, Bringas retira su acusación contra Tello, en mayo de 1994. En el ínterin, la jueza Inés Tello (derecha) no pudo asumir el cargo de Vocal Superior que había ganado por concurso.


    Pero lejos de intimidarse y estimulada por la reivindicación de su nombre, la doctora Tello postuló, en 1993, al concurso convocado por el Jurado de Honor y calificó para ocupar un cargo de vocal de la Corte Superior de Lima.
    Sin embargo, pagó caro su merecido retorno. El fiscal superior José Carlos Bringas se encargó de revivir un expediente contra ella, en el que se le había acusado de "prevaricato" junto a otros dos abogados en un proceso iniciado en setiembre de 1992.
    Se trataba de una acusación indocumentada y pese a que inicialmente la doctora Tello demostró su inocencia, Bringas en persona, formuló el 29 de abril de 1994 una "Acusación Sustancial" contra ella. Un hecho absolutamente abusivo, pues no existían pruebas incriminatorias.
    Casi simultáneamente, el presidente de la Corte Superior de Lima, Alejandro Rodríguez Medrano, anunció la acusación que había presentado el fiscal Bringas y comunicó a la prensa la cancelación del título de vocal superior, que había obtenido la doctora Inés Tello.
    Veinte días después, el 18 de mayo de 1994, el fiscal superior José Carlos Bringas Villar dio un giro de 180 grados a su opinión inicial y retiró la denuncia que había presentado contra la doctora Tello. Declaró "fundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la inculpada" con lo que en la práctica absolvía de toda culpa a quien sólo unos días antes le había bajado el dedo pulgar.
    Más tarde, en octubre de 1994, la doctora Tello denunció a Bringas ante la Fiscalía Suprema de Control Interno por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Sin embargo, la Fiscalía declaró improcedente la denuncia de Tello. Peor todavía, la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, presidida por Blanca Nélida Colán, en una resolución del 3 de noviembre de 1997, declaró infundada la apelación que la doctora Inés Tello de Ñecco presentó luego de que no aceptaran su denuncia.
    La doctora Inés Tello, nunca se doblegó y siguió luchando por sus derechos. En octubre de 1997 el Tribunal Constitucional ordenó su reincorporación al Poder Judicial. Actualmente es vocal superior de la Sala Penal para reos en cárcel.




      En la década de 1990 la OEA cumplió un papel determinante en cuatro ocasiones distintas para restablecer la institucionalidad en países de la región: Haití (1991), Perú (1992), Guatemala (1992) y República Dominicana (1994). De éstos, sólo el último caso estuvo referido a un fraude electoral (en favor de Joaquín Balaguer), en tanto que los otros tres fueron golpes de Estado y/o cierres del Congreso. En esos casos la OEA aplicó la Resolución 1080.

    Según los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del domingo 9 de abril, la votación por Alberto Fujimori de Perú 2000 alcanzó el 50,26 % en las provincias más pobres del Perú versus 49,87 % a nivel nacional, mientras que Alejandro Toledo de Perú Posible llegó al 36,74 % versus 40,14 % a nivel nacional.




    PREGUNTA LATINA
    Ahora que la venta del Banco Latino parece inminente, ha salido a flote una pregunta clave: ¿conseguirán el ministro de Economía Efraín Goldenberg, y Carlos Montoya del Banco de Inversión Fleming, intermediario de la operación, que el comprador -se vocea al Citibank, Bank of Boston y BIF- devuelvan los US$ 65 millones que puso Cofide como capital social, los US$ 10 millones de fondos del sector público y los US$ 175 millones que puso el Banco de la Nación a cambio de inmuebles?

     

    Congresista Gustavo Flores: investigación que puede deshojar congresistas.

    VOTOS EN CUESTION

    El caso de las compras de votos ha llegado al Congreso, donde se ha formado una comisión investigadora. Dicha comisión está integrada juiciosamente por parlamentarios que no postularon a la reelección (Gustavo Flores, quien la preside, Jorge Muñiz y Carlos Chipoco) y se instaló el viernes 19. El jefe de la ONPE, José Portillo, figura a la cabeza de las personas citadas a declarar. "Si es que hubiera un alto grado de alteración en el voto preferencial tendrían que declararse nulas las elecciones", señala Chipoco. Los congresistas electos que sean hallados responsables perderían su curul, aun en el caso de haber recibido ya las credenciales. Como la juramentación es recién el 26 de julio, "la credencial de quien haya resultado electo de manera ilegal sería anulada", adelanta Chipoco. De otro lado, según fuentes de la OEA, la misión observadora de ese organismo tendría serios cuestionamientos al resultado de la votación parlamentaria. Pero no se refirirían a la compra de votos sino a la asignación de curules por lista.

    EN SORDINA

    La noticia bomba de la escalofriante sesión de tortura a la que fue sometido el periodista y relacionista público Fabían Salazar (ver carátula) el miércoles 24, no existió o fue relegada en la mayoría de medios de comunicación al día siguiente. Salazar fue cortado con una sierra aparentemente eléctrica para que proporcione documentos comprometedores de cómo el SIN coordina una serie de acciones relacionadas al proceso electoral, y además para que revele sus fuentes. Sin embargo, para muchos colegas, aquí no pasó nada, acaso una demostración de las presiones que ejerce el aparato de Inteligencia sobre los medios de prensa. Vaya lujo el de Vladimiro Montesinos.

     

    Edith Mellado: ahora ha incluido a Eduardo Stein en su interminable e inocua agenda.

    POR LA TANGENTE

     

    Al cierre de esta edición estaba previsto que el jueves 25 el pleno del Congreso designaría el reemplazo de Freddy Ghilardi (PAP) en la subcomisión que supuestamente investiga las denuncias de irregularidades en el proceso electoral.
    Ghilardi, quien era el único miembro opositor que integraba dicha comisión, renunció a ésta luego que los otros miembros del grupo, Edith Mellado (presidenta) y Rafael Urrelo desestimaron su pedido de priorizar el tema de la falsificación de firmas y de la reconsideración del cronograma de citación. El parlamentario aprista solicitó así mismo que se incluya a los testigos del caso y a los principales implicados: Absalón Vásquez, Daniel Chuan, Oscar Medelius y María Jesús Espinoza.
    Pero Mellado y Urrelo no contentos con hacer caso omiso a la solicitud, han decidido incluir en el cronograma de declarantes al presidente de la Misión de Observación de la OEA, Eduardo Stein, quien ha sido citado para el lunes 29. De este modo, como advirtió Ghilardi, se pretende dilatar el proceso de investigación. Sin embargo se trata de un juego de doble filo: la abundancia de evidencias que pueden presentar quienes han sido citados podría colocar a la comisión Mellado ante la opinión pública en la incómoda e imperiosa necesidad de citar a quienes en realidad hay que investigar.
    Hasta ahora, la relación de citados ha ido por la tangente. Luego de tres semanas de instalada a la comisión, han acudido dos periodistas y el Presidente de la Asociación de Radio y Televisión del Perú.



    Renovado Acoso
    Fiscal reabre caso contra El Comercio que él mismo archivó anteriormente.

     

    La investigación de las firmas falsificadas de Perú 2000 no se olvida ni se perdona.

    La inexplicable decisión del fiscal Jorge Sanz Quiroz de reabrir la denuncia penal contra el diario El Comercio por el presunto uso indebido de dólares MUC en 1989 y 1990, pese a que este mismo magistrado había archivado el caso porque había prescrito, ha puesto de manifiesto un evidente acoso judicial. El asunto se agrava al haber trascendido que otra fiscal, Hilda Valladares Alarcón, la misma que intervino en lo casos contra Baruch Ivcher, Delia Revoredo y Julio Sotelo, habría decidido investigar una denuncia similar.
    La decisión del fiscal Sanz resulta tan escandalosa que al pronunciamiento del Consejo de la Prensa se ha sumado incluso el vicepresidente del Congreso, Luis Delgado Aparicio, quien ha pedido al Ministerio Público archivar esos casos porque no existen elementos de juicio suficientes para continuar el proceso penal.
    Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Belaunde, dice no tener dudas de que el gobierno ha emprendido una campaña de hostigamiento contra El Comercio desde que informara de la presunta falsificación de firmas de la alianza oficialista Perú 2000. De acuerdo a Belaunde, ambos fiscales estarían actuando bajo órdenes de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, a cargo de Blanca Nélida Colán, con el propósito de que los accionistas minoritarios se conviertan en los controladores del diario para que después sea el gobierno quien manipule la información según sus intereses, tal como se hizo con Baruch Ivcher y el Canal 2.
    De acuerdo a los juristas, al margen que los casos en mención ya han prescrito, no es correcto reabrir una investigación de hechos sobre los cuales ya hubo un pronunciamiento. Adicionalmente de acuerdo a la jurisprudencia no puede haber dos pronunciamientos de diferente autoridad sobre un mismo caso. Semejante comportamiento podría acarrear que los fiscales Sanz y Valladares sean denunciados por delitos contra la administración judicial y prevaricato.
    Mientras tanto, el Movimiento Unidos contra el Fraude, que dirige la congresista Anel Townsend, organizará en los próximos días un plantón popular en respaldo a El Comercio y emitirá un pronunciamiento exigiéndole al gobierno que cese el acoso contra los medios de información y en especial contra el decano de la prensa nacional.


     

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