Edición Nº 1620

 

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    26 de Mayo de 2000
    Por FERNANDO ROSPIGLOSI


    Contra la Pared

    EL gobierno llegó a un callejón sin salida, sin soluciones buenas, sólo menos malas. La exigencia unánime de la comunidad internacional, los observadores extranjeros y nacionales, y el candidato opositor, Alejandro Toledo, de postergar las elecciones, fue deformada, ridiculizada, minimizada y ninguneada por el oficialismo. Pero en realidad, es imposible de ignorar.
    El martes en la mañana, en la reunión entre el jefe de la Misión de Observación de la OEA, Eduardo Stein, y los embajadores de los países miembros de esa organización, se llegó a la conclusión que había que hacer un último intento y darle al gobierno peruano una oportunidad de postergar las elecciones salvando la cara.
    Por eso Stein anunció ese día que asistiría al simulacro de la ONPE el miércoles 24 -a pesar que el lunes había anunciado que se retiraba de esa tarea-, con la absoluta convicción que iba a fracasar. En su comunicado del martes, evaluando el fallido simulacro anterior, Stein dice que "es imposible que todos estos puntos sean implementados antes del día 28 de mayo".
    Es decir, era obvio ya que el único sentido que tenía participar en el simulacro del miércoles, era comprobar que el sistema no estaba listo, decírselo en voz alta al gobierno y darle la posibilidad de postergar las elecciones aduciendo motivos técnicos.
    Pero, como bien señaló la Asociación Transparencia cuando decidió retirarse de la observación, el desastroso sistema de cómputo de la ONPE es sólo uno de los aspectos que han destruido la confianza en este proceso electoral.
    Hay muchos otros que han sido señalados reiteradamente, desde las condiciones inequitativas, como la descarada utilización de la Tv. de señal abierta para favorecer a Alberto Fujimori y el uso de los recursos estatales, hasta otras formas de fraude, como el carrusel, el cambio de los resultados en las mesas y la sustitución de actas. De estas dos últimas modalidades de tergiversación de los resultados, la Unidad de Investigación del diario La República ha presentado evidencias en días recientes.
    La postergación no era, pues, sólo un cambio de fecha, sino un plazo para desmontar la maquinaria del fraude que operó en la primera vuelta. Así lo entienden todos, desde los observadores internacionales hasta el propio gobierno, pasando por el candidato de oposición.
    Por eso la pertinaz resistencia del gobierno, que utilizó todos los recursos a su alcance para dilatar las rectificaciones y efectuar sólo cambios cosméticos.
    Pero el régimen de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori ha llegado al final del camino. Postergar los comicios será interpretado como una derrota. Sobre todo para un gobierno que ha hecho de la inflexibilidad y la testarudez una virtud. El recular -creen en el gobierno-, tendrá también costos políticos y electorales en vistas a la nueva fecha.
    Además -quizás lo más importante-, para cumplir con las condiciones de la OEA tendrían que admitir una supervisión amplia, lo que les dificultaría efectuar con impunidad el fraude que necesitan para asegurarse el triunfo.
    Por eso el gobierno ha resistido hasta el último momento la postergación.
    Pero si efectúan las elecciones el domingo 28 -esta columna se escribe sin saber cual fue la decisión final-, se empezarán a deslizar inevitablemente por una pendiente que terminará con la caída del régimen.
    Habrá no sólo condenas internacionales sino, muy probablemente, sanciones efectivas. La resolución N° 43 del Congreso norteamericano refrendada por la Casa Blanca y la posición de la Unión Europea dejan pocas dudas al respecto.
    Internamente se producirán movilizaciones de protesta. Eventualmente podrían ser sofocadas, pero es evidente que el gobierno, careciendo de legitimidad y concentrando la indignación de un sector importante de la población, será asediado constantemente por el descontento popular, que sólo se detendrá con su derrumbe.
    Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero no cabe duda que ése será el desenlace.
    Porque el régimen depende ahora exclusivamente del sustento que le brindan los Servicios de Inteligencia y la cúpula militar, politizados y corrompidos. Esa gente se aferra al poder con desesperación, porque quiere seguir medrando, pero también porque tiene pánico a dejar el gobierno y rendir cuentas de los dineros mal habidos, los crímenes cometidos, los delitos perpetrados.
    Sin embargo, ésta no es una dictadura institucional de las fuerzas armadas, sino un gobierno autoritario personalizado, sustentado en las FF.AA. Esto implica que, barriendo a la cúpula, el establecimiento castrense puede retornar sin grandes traumas a la institucionalidad.
    En suma, el régimen cívico-militar ha llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, pueden optar por un camino más violento y doloroso para dejar el poder, que le costará mucho al país, pero también a ellos. O uno menos traumático.



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