Condena General
No sólo en la CIDH, también en el Congreso norteamericano, en la Corte Europea y en los organismos financieros internacionales el tema de los derechos humanos en el Perú está sobre la mesa.

Ex agente Luisa Zanatta ratificó, esta vez ante la CIDH,su versión sobre el espionaje telefónico.

EL gobierno peruano arrancó esta semana jaqueado por la comunidad internacional. Los temas de violación de derechos humanos (que nada tienen que ver con casos de terrorismo), de interceptación telefónica, autonomía del Poder Judicial, libertad de expresión, cumplimiento de los tratados internacionales motivaron preocupación no sólo en Palacio, sino también en Torre Tagle y en el Pentagonito.
El martes 5 en Washington D.C. se llevaron a cabo las sesiones de la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Perú. La CIDH desmenuzó los casos de la interceptación telefónica, que tuvo como testigo de excepción a la ex agente de inteligencia Luisa Zanatta, así como los referidos a La Cantuta, al general (r) Rodolfo Robles, a Marina Machaca, y a la situación del ejercicio de la prensa en el país, entre otros.
Días antes, los Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos, reunidos en el IV congreso anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en Tegucigalpa, Honduras, exhortaron a que el Perú cumpla con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo viene demandando el Defensor del Pueblo del Perú, Jorge Santistevan de Noriega.
Por si fuera poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló esta semana a favor del ex capitán Eduardo Cesti, precisando que éste no está sujeto a la jurisdicción militar en relación a los cargos que se le imputaban.

En el salón Miranda de la sede de la OEA, Jorge Taiana y, al fondo, Helio Bicudo, Joseph Exumé e Ignacio Alvarez de la CIDH.

Casi sumultáneamente, la Corte Europea de Derechos Humanos calificó como inadmisible el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericanan de Derechos Humanos.
Y para completar el cuadro clínico, que está como para provocar arritmia en el gobierno, una resolución de la Cámara de Representantes de EE.UU. resolvió, con el voto de Republicanos y Demócratas, que tanto la erosión de la independencia judicial y electoral así como las amenazas a la libertad de prensa son materia de preocupación por parte de Estados Unidos.
La resolución 57 añade considerandos importantes al texto original del dictamen presentado el 11 de febrero pasado (CARETAS 1552) y aprobado en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja el pasado 1 de julio. Por ejemplo: que el Perú junto con Cuba, según la influyente Freedom House, son los únicos países en el hemisferio que carecen de libertad de prensa. A su vez, añade un tercer artículo a los dos originalmente planteados en la parte resolutiva: solicita a los funcionarios y representantes norteamericanos ante organismos multilaterales (en el FMI, BM y otros) considerar la grave situación por la que atraviesa la democracia en el Perú. Esto trasciende lo político e ingresa en el terreno donde más duele: el económico-financiero.
La resolución 57 tiene rango de Ley, y corresponde al texto final del dictamen presentado el 1 de julio por Benjamin Gilman (R) y Samuel Gedjenson (D). El Comité de RREE de la Cámara de Representantes de EE.UU. envió dos cartas a Fujimori en el pasado sin que el gobierno peruano respondiera. En ese lapso no se hizo un gesto de enmienda ni reparación. Analistas consideran que el retiro del Perú de la Corte Interamericana de DDHH aceleró el proceso.
Sin esperar que el temporal escampara, Fujimori presidió el martes 5 una sesión del Consejo de Defensa Nacional. A la salida del mismo se pronunció sobre la procedencia del fallo de la Corte referido al caso Cesti, aunque dijo que enviaría la sentencia del tribunal internacional al Consejo Supremo de Justicia Militar en lugar de hacerlo a la Corte Suprema, como corresponde.
Es improbable, sin embargo, que el Consejo Supremo de Justicia Militar rechace este fallo, salvo que el Perú quiera convertirse en paria en el ámbito jurídico internacional. "Es claro que las autoridades militares desafiaron la orden de la sala especializada en su integridad y procedieron a detener, procesar y condenar al señor Cesti Hurtado en flagrante violación de una orden clara de un tribunal competente", señala el fallo de la Corte Interamericana. La Corte señala también que "el fuero militar es un fuero restrictivo y en consecuencia no se le puede a nadie desviar de la jurisdicción que le corresponde ni ser privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas por la ley (aspecto material) pero además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)". El caso Cesti no representa pues una amenaza a la seguridad nacional, ni tiene algo que ver con un caso de terrorismo.

Fujimori bajo presión internacional: la resolución 57 recomienda a organismos como el FMI y el BM expresar su preocupación.

Algunos analistas opinan que habría la voluntad política de dar algunas señales de que el régimen no es totalmente contumaz, más aún cuando la presión internacional arrecia.
Claro que lo expresado el lunes 4 por el ministro de Justicia, Jorge Bustamante, repitiendo en realidad algunos conceptos del propio Fujimori, da otra impresión. "Si los magistrados de la CIDH son cambiados, el Perú se reinsertará". Ni que le hubieran aplicado picana eléctrica. Con cada declaración suya, el ministro desnuda la idea que el gobierno tiene de la independencia del Poder Judicial. Como si el Perú pudiera cambiar magistrados internacionales cada vez que le conviene, como lo hace en el zarandeado fuero judicial.
En días anteriores otros voceros connotados del régimen dieron muestra de altisonante pataleo. "Sean hombres y retiren su apoyo a la CIDH", dijo el lunes en uno de sus habituales exabruptos la titular del PROMUDEH, Luisa María Cuculiza, en tanto que el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Delgado Aparicio, ensayó un nuevo paso en la coreografía contestataria: "La actitud de la Corte responde a un pedido de las ONGs que mantienen un enorme poder (...) Acá hay una serie de ONGs encubiertas que actúan con el objetivo de perjudicar a países como el nuestro". El argumento mayor del gobierno es en realidad un maltrato a la palabra soberanía. No es ésta lo que está en juego, sino la obligación ineludible que tiene todo país que se respete de cumplir con el fallo de un organismo supranacional.

Caso Cesti: otro fallo adverso para el Perú y no tiene nada que ver con el terrorismo.

TESTIGO DE CARGO

El lunes 4, por primera vez en años, el gobierno peruano cambió a sus abogados ante la CIDH. Sergio Tapia y Jorge Hawie, sempiternos procuradores públicos, no fueron esta vez de la partida. En su lugar estuvieron dos de los cuatro miembros de la comisión especial que formara el gobierno para defender los casos ante la CIDH y la Corte Interamericana: Milagros Maravía y Alberto Bustamante Belaunde.
Fue precisamente este último quien, en tono despectivo y arrogante, interrogó a la ex agente Luisa Zanatta, que se presentó con testigo de excepción para el caso de las interceptaciones telefónicas.
"Usted que ha declarado ser una suboficial de tercer rango en el Ejército, ¿podía conocer planes de operaciones de inteligencia que sólo manejan oficiales?"

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Zanatta respondió como movida por un resorte: "Por supuesto que sí, porque nosotros los suboficiales somos los que ejecutamos y cumplimos las órdenes que nos dan nuestros superiores. Realizamos los seguimientos, las interceptaciones telefónicas y entregamos los informes", concluyó en tono enérgico.
Este diálogo se produjo en el salón Miranda de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ubicada a sólo 10 cuadras del edificio Watergate, aquel local en donde se produjeron las famosas grabaciones ilegales durante el gobierno de Richard Nixon. Allí se iniciaron las audiencias de la CIDH sobre los casos del Perú, el lunes por la mañana.
Ese día los miembros de la Comisión Interamericana se dividieron en dos salas. Una presidida por el norteamericano Robert Goldman, que vio los casos de Chile, y la otra encabezada por el brasileño Helio Bicudo, que trató los casos de violaciones a los derechos humanos en el Perú. Acompañaban a Bicudo, Joseph Exumé y el chileno Claudio Grossman, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Jorge Taiana y los abogados que ven los casos del Perú, Cristina Cerna e Ignacio Alvarez.

Ministro Jorge Bustamante: una peculiar concepción sobre la autonomía de los magistrados.

A las 9:15 de la mañana Sofía Macher, Pablo Rojas y Francisco Soberón de la CNDDHH expusieron sobre la situación de la democracia, la justicia y la prensa en el Perú.
El momento de mayor tensión, si es que lo hubo, se produjo cuando los miembros de la CNDDHH reclamaron a la Comisión las razones por las cuales no se había fijado hora y fecha para la audiencia sobre el caso de Barrios Altos. Se supone que ese caso sería tratado este año. Ese mismo día estaban programados los casos de La Cantuta, la situación de los periodistas en el Perú, la violación sexual de Marina Machaca por parte de un médico del Ministerio de Salud y el espionaje telefónico realizado, así como audiencias de seguimiento sobre los casos del general Rodolfo Robles, la desaparición del estudiante Martín Roca Casas, Castillo Petruzzi y otros.

Uno de los casos que mayor interés despertó fue el de la interceptación telefónica, presentado por la congresista Anel Townsend y trece periodistas en noviembre de 1998. Ello, debido a la presencia de testigos como la suboficial escucha de tercera (SOE), Luisa Zanatta Muedas, y el ex jefe de la Unidad de Investigación del Canal 2, José Arrieta Matos. Según fuentes de la CIDH nunca antes en un caso peruano una agente de inteligencia del Ejército había colaborado en el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos y la libertad de expresión por parte de sus superiores.
La audiencia se inició con algunos minutos de retraso: Alberto Bustamante llegó tarde. Minutos antes había comentado que hacía sólo dos semanas había revisado el expediente.
Bustamante indicó que la presencia de los abogados del gobierno peruano obedecía a "una cortesía" hacia la Comisión, dado que habían solicitado, por tercera vez, una prórroga de 30 días, para responder oficialmente sobre el caso. Es decir, que frente a la contundencia del testimonio de Zanatta no tuvo respuesta. Ella se ratificó ante la Comisión en sus denuncias públicas de 1998, señalando a Vladimiro Montesinos como el destinatario directo de las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas. Indicó que ella escuchó las comunicaciones de los parlamentarios Henry Pease y Jorge del Castillo y que tuvo conocimiento sobre la interceptación por parte de otros suboficiales de las conversaciones de periodistas incómodos para el régimen, precisando que el espionaje telefónico es complementado por el seguimiento que otros equipos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) realizan. "Ese fue el método que utilizaron contra el periodista César Hildebrandt, con el fin de asesinarlo, para después responsabilizar a los grupos terroristas (...) Yo conocí ese plan operativo y se lo comuniqué a José Arrieta. El me contactó con el señor Hildebrandt a quien le avisé sobre el riesgo que corría su vida".

General R. Robles, Ignacio Alvarez y Helio Bicudo de la CIDH, y Pablo Rojas de la CNDDHH.

Por su parte, José Arrieta indicó en su testimonio ante la Comisión que el programa `Contrapunto' propaló entre julio y setiembre de 1997, las grabaciones y transcripciones de las conversaciones de periodistas y parlamentarios de oposición y del ex candidato presidencial, Javier Pérez de Cuéllar, gracias a que esta información fue entregada por fuentes militares, información que fue confirmada por Luisa Zanatta, una de dichas fuentes.
En el caso de La Cantuta, Francisco Soberón y el general Robles denunciaron la autoría intelectual del general Nicolás Hermoza Ríos y de Vladimiro Montesinos en el crimen de nueve estudiantes y un profesor. Jorge Salazar del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se encargó de exponer la situación de la prensa en el Perú.
La jornada sobre el Perú culminó el mismo lunes 4. Pero la atención sobre el país, sin duda, continuará durante los próximos meses. No sólo por el curso que tomarán estas denuncias en el sistema interamericano, sino porque en el Congreso norteamericano, los organismos financieros internacionales, entre otros, el Estado de Derecho en el Perú ha sido puesto en tela de juicio.


Cerrando Filas
El secretario general de la OEA, César Gaviria, pone el dedo en la llaga y señala retroceso del Perú en temas de fortalecimiento democrático.

Entrevista en Miami, Florida,
GUILLERMO GONZALES ARICA.

UNA hora antes de clausurar la Conferencia de las Américas organizada por el Miami Herald, el ex presidente colombiano y hoy secretario general de la OEA, César Gaviria, tomaba un humeante café negro en el Salón Málaga del Hotel Bilmore en Coral Gables, Miami. Allí conversó con Buddy Mac Kay, embajador especial de Estados Unidos para las Américas y ambos coincidieron en que el ALCA es el gran potencial económico para el Hemisferio el próximo milenio. Pero no sólo los temas económicos, que abordó en su discurso posterior, concitan su atención.

Cesár Gaviria: defensa del sistema interamericano.

-¿La decisión del Perú de retirarse de la Corte Interamericana amenaza el sistema de protección a los DD.HH. en la región?
-Como secretario general de la OEA siempre he defendido la importancia de que todos los países que han aceptado la competencia de la Corte cumplan con los fallos. No me corresponde juzgar los méritos de la decisión que tomó el Perú. Pero como secretario general me siento obligado a defender el sistema.
-¿Qué acciones va a realizar para que así sea?
-Como secretario general no hago otra cosa que invocaciones. Defender el sistema, invitar a los países a que se integren al mismo. El año pasado tuvimos éxitos importantes así como algunos retrocesos. Los éxitos estuvieron representados en dos de los países más grandes del sistema interamericano. Brasil y México aceptaron integrarse a la Corte. Lo hicieron también República Dominicana y Haití. Hemos tenido, sin embargo, un par de retrocesos. Primero la decisión de Trinidad y Tobago de denunciar la Convención Americana. El otro es el caso del Perú. Espero que el Perú y su gobierno encuentren más adelante una manera de regresar al sistema y así cumplir con las sentencias de la Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Nuestra intención es la de seguir trabajando para la adhesión universal al sistema.
-¿Qué debe hacer entonces el Consejo Permanente de la OEA respecto a la decisión de la Corte sobre la imposibilidad de que el Perú no puede retirarse de su competencia salvo que denuncie el Pacto de San José?
-El día de ayer remití al Consejo Permanente de la OEA la carta comunicando ese pronunciamiento de la Corte Interamericana. Les corresponde a los países representantes ante ese organismo actuar. No está previsto ningún procedimiento especial. No hay ningún antecedente de lo ocurrido. A los países les corresponderá, si así lo consideran hacer un pronuniciamiento político en el seno de la Asamblea General.
-¿Y qué hay sobre la participación de la OEA en el proceso electoral del 2000?
- Que yo recuerde todavía no hemos tomado decisiones a ese respecto.
- Pero tiene una opinión.
-Tendremos que esperar que nos llegue la invitación, que podamos conseguir los recursos para realizar la observación. Usualmente no nos pronunciamos antes sobre esos temas.



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