Caretas 1580: Controversias




Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

Hipocresía Golpista
LAS provocadoras declaraciones del ex presidente Alan García suscitaron un extraordinario revuelo, poniéndolo otra vez en el centro del escenario político. Cosa que tanto él como el gobierno desean. El, porque está obviamente interesado en lograr nuevamente una presencia destacada, que le permita tentar su regreso al país en el 2000. Y el gobierno, porque sigue necesitando un sparring desacreditado y que no represente un peligro inminente, para vapulear a su gusto y obtener puntos electorales.
Pero al margen del aprovechamiento que cada cual dé al incidente, no cabe duda que García tiene razón en el asunto de fondo. A estas alturas, nadie en su sano juicio puede dudar que estamos ante un régimen cívico militar, donde la presencia de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia es predominante. Sin ellas no hubiera habido golpe del 5 de abril, ni reelección en 1995, ni posibilidades de perpetuación del actual gobierno más allá del 2000.
Si esto es así, entonces la conclusión cae por su propio peso: es indispensable un cambio en la cúpula militar para que pueda haber una transición hacia la democracia. Mientras el ex capitán Vladimiro Montesinos y sus secuaces sigan manejando las instituciones castrenses, es imposible hablar de democratización.
Para ponerlo de otra manera. En el hipotético caso que, por alguna razón, Alberto Fujimori no fuera reelecto en el 2000, pero Montesinos y la actual cúpula militar quedaran donde están ¿se podría hablar de democracia? Es obvio que no. Es decir, más importante incluso que quién ocupe la presidencia o quién tenga mayoría en el Congreso, es quién controla los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas.

Se requiere entonces no sólo de un proceso electoral limpio y de una mayoría que respalde a un candidato y una agrupación democrática, sino de un cambio en las FF.AA. Eso, por supuesto, no es un golpe militar sino lo opuesto.
Es decir, no se trata de introducir a las fuerzas armadas en la política -como ocurrió desde el 28 de julio de 1990 y sobre todo desde el 5 de abril de 1992-, sino por el contrario, sacar a las FF.AA. de la política. Hacer que retomen el camino de la institucionalidad y del apartidismo.
Si eso ocurriera en algún momento de aquí a abril del 2000, Alberto Fujimori no tendría la más mínima posibilidad de ser reelegido. Porque su fuerza proviene no de su popularidad, su carisma, sus ideas, su aparato partidario -no tiene nada de eso-, sino del hipertrofiado Servicio de Inteligencia Nacional que a su vez controla a las FF.AA.
Ese es el quid del problema y a eso aludió García, retomando a su vez una idea lanzada en abril de 1998 por el ex presidente Fernando Belaunde, la de la concertación cívico militar. Es cierto que García ha añadido elementos más bien discutibles y dudosos, como la posibilidad de un gobierno de transición de un año que convoque a elecciones. Pero en el tema de fondo tiene razón.
Por eso son hipócritas y cínicas las rasgaduras de vestiduras que han realizado los golpistas del 5 de abril, que ahora se escandalizan cuando alguien propone revertir lo que ellos hicieron y de lo que son beneficiarios. No hay que olvidar que ninguno de los integrantes de la segundilla que hoy ocupa el escenario político oficialista -recibiendo instrucciones por beeper desde el SIN- estaría allí, si no fuera por el golpe de 1992 y la presencia dominante del aparato militar, al cual sirven sin remordimientos.
Precisamente por eso los saca de sus casillas el que alguien ponga el dedo en esa sensible llaga.
Lo que llama la atención es la cantidad de majaderías que declaran personas que no son golpistas ni partidarios del gobierno cívico militar, cada vez que alguien alude a los problemas concretos del actual régimen político. "La Constitución dice que...", sostienen muy serios. Como si en el Perú hubiera una Constitución vigente que todos respetaran, un Tribunal Constitucional que dirimiera sobre esos asuntos, un Poder Judicial independiente que la aplicara, etc. Eso debería existir, pero de hecho no existe.
Y es que seguimos atrapados en la secular hipocresía latinoamericana, heredada de la colonia. Si definiéramos el régimen político por lo que dicen la Constitución y las leyes, y por lo que aparentan las instituciones, estaríamos en una democracia ejemplar. Pero la triste realidad es que vivimos bajo un común y silvestre autoritarismo, de los que han plagado nuestra vida republicana desde siempre.
Esa es una de las más notorias diferencias entre los países desarrollados y democráticos, y los latinoamericanos. En EE.UU., Gran Bretaña o Alemania la distancia entre las leyes y la realidad es mínima. En América Latina hay un abismo.
En nuestro medio, el sólo hecho de hablar claro y discutir abiertamente las realidades -y no las ficciones-, ya sería un verdadero avance hacia la democracia.

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