La Marea Panelera
Muchos millones en juego y una ordenanza municipal que no se cumple. ¿Qué lo impide?

El desorden empezó en 1995 a través de un convenio. Cuatro años después, éste es el resultado: una jungla de paneles.

CONFORME pasan las semanas, el tema de los paneles y el cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana 210 ha saltado al terreno político, escándalo de por medio. A la negativa inicial de acatar la disposición de algunos distritos -incluyendo varios de Somos Perú- sigue la intención de realizar una marcha de protesta contra la administración del alcalde Andrade. Las principales empresas de publicidad exterior se sacan los ojos tratando de quedarse con la mayor parte de un mercado que mueve US$ 40 millones al año. Surgen denuncias contra alcaldes distritales a quienes se acusa de favorecer a determinadas empresas. Y la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tiene la puntería puesta en el Concejo limeño, continúa con sus investigaciones invitando al regidor Augusto Claux para este miércoles.
Mientras tanto, trascendió que la tan mentada Comisión Técnica Provincial, que se iba a encargar del censo de paneles y su voceado presidente, Enrique Calmet (CARETAS 1564) nunca iniciaron funciones. En esta suerte de folletín, aparece ahora un nuevo personaje vengador: el abogado Natale Amprimo como asesor legal externo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En San Borja existen oficialmente 99 elementos de publicidad exterior. Es decir que si se colocaran en la fachada de un edificio de 20 metros de frontis llegarían a los 85 pisos, casi el equivalente de tres Centros Cívicos y medio. La ubicación de este tipo de publicidad está vedada por la Ordenanza 210.

Pero en los últimos días el zarandeo ha estado por San Isidro. Se acusa al alcalde Gastón Barúa de haber beneficiado a las empresas relacionadas con el regidor Claux. "Es cierto que he firmado convenios con Napsa pero también con J.R & Asociados y con Publicidad Visual. La única empresa que presentó oferta de 65 paletas publicitarias fue Napsa pero hay adicionalmente unos 100 paraderos que se han repartido equitativamente entre las tres firmas", dice. Argumenta que cuando firmó los convenios, el pasado 11 de enero, la ley vigente le permitía hacerlo sin licitaciones. "No se puede hablar de negociado ya que el municipio sólo puede cobrar S/. 600 por elemento publicitario y ganará por estos convenios alrededor de S/. 100,000".
Pero si la acusación contra Barúa se basa en que pudo haber tenido conocimiento del tenor de la Ordenanza 210, que se aprobó el 29 de diciembre de 1998 publicándose oficialmente recién el 4 de marzo, para favorecer a determinadas empresas, la ex alcaldesa de San Borja, Luisa María Cuculiza, tendría también que desfilar por la Comisión de Fiscalización del Congreso a juzgar por la opinión de Natale Amprimo.

L. Cuculiza y G. Barúa: bajo la lupa.

"Antes de la Ordenanza 210 estaba vigente un reglamento de 1977 que no permitía avisos en parques, bermas o islas de tránsito. Sin embargo, el 13 de octubre de 1995 y luego el 23 de noviembre del mismo año, Luisa María Cuculiza firmó convenios con las firmas Punto Visual y Quasar entregándoles el 100% del área pública. Posteriormente, el 31 de marzo de 1996, publicó un acuerdo de concejo suspendiendo las autorizaciones para la instalación de anuncios de nuevas empresas y el 10 de setiembre de 1997 extendió el período de los convenios con las empresas mencionadas hasta el 2001", dice.
"Se dijo que a través de los convenios, las empresas estaban obligadas a cautelar el ornato y los jardines pero esto bien puede ser un instrumento que se presta a corruptelas porque la firma publicitaria no está obligada a hacer concurso para encargar las tareas del convenio que bien podrían recaer en personas allegadas a funcionarios ediles", añade.

E. Camet nunca fue jefe de la comisión técnica. Cuadra 8 de Javier Prado, como debe ser.

De otro lado, se ha conocido que la empresa Punto Visual, que desde un principio acusó a Napsa de tener ventaja sobre las demás firmas del rubro, estaría relacionada con Quasar. No es un pecado que Alberto de Azambuja Pásara represente a las dos firmas. Lo que sí es escandaloso es que el pasado 22 de abril, mientras se rasgaba las vestiduras por las "injusticias" de la Ordenanza 210, enviara una cláusula modificatoria de su convenio aprobado por Luisa María Cuculiza en 1997 al actual alcalde de San Borja Jorge Lermo Rengifo anunciándole que "procederá al retiro, a partir del vencimiento de los contratos que tengan celebrados con sus clientes, de los 40 anuncios instalados en las bermas de Javier Prado y Angamos y los reemplazará por elementos de mobiliario urbano". ¿Paletas? Pues sí. Y no sólo eso sino que en lugar de los anuncios pondrá ¡194 paletas!
El tema de los paneles constituye uno de los golpes más severos que ha recibido la administración del alcalde Andrade a través de uno de sus colaboradores más cercanos. No se entiende por qué, pese a toda esta campaña, no se designa a los miembros de la comisión técnica. Y se pone en vereda, o más bien fuera de ella, a tanto panel.