El Detonante


El Detonante
Como si fuera parte de un libreto, el asesinato de Luis Hochschild hizo estallar el debate sobre la seguridad ciudadana. El Ejecutivo ha pedido facultades legislativas extraordinarias para enfrentar la ola delictiva. ¿Participará también la sociedad civil?

Ante el poderío de fuego de los agresores, el blindaje grado 3 del Volvo de Hochschild fue inútil. Derecha, los impactos de las balas que segaron la vida del empresario revelan la insania de los malhechores.




Luis Hochschild. Su trágico fin marca un punto de quiebre en la crisis de seguridad ciudadana.

Cuatro horas después del crimen del empresario minero Luis Hochschild, el presidente Alberto Fujimori solicitó un minuto de silencio en memoria del asesinado en el Tercer Simpósium Internacional del Oro. Los rostros del mandatario y los empresarios revelaban la hondura de la crisis. No es para menos, en Lima actúan 130 bandas con poder de fuego de guerra. La tasa de homicidios capitalina, a fines de los ochenta, era de 4.1 por 100 mil habitantes. En la actualidad es de 12.1. El terror ya no es de Sendero Luminoso. Ahora viene de la delincuencia organizada.

EL 5 de mayo, a las 7.45, el auto del empresario minero Luis Hochschild avanzó por la avenida El Derby, en Monterrico. Siempre pasaba por allí a las 7.20, pero en esta ocasión se retrasó debido a que había participado en un desayuno con otros inversionistas del sector.
El empresario minero iba en el asiento delantero derecho porque su hijo Eduardo manejaba. De pronto, una camioneta Cherokee negra de lunas polarizadas pasó e interceptó al Volvo de Hochschild.
En vez de arredrarse, Eduardo pisó el acelerador con violencia y retrocedió. Chocó con un taxi conducido por Edward Zamudio y atropelló y arrastró a uno de los delincuentes que había descendido de la Cherokee.
Luego lanzó el Volvo hacia adelante, pero de la bocalle Aymaras salió un BMW negro de lunas polarizadas. Por si fuera poco, un Toyota Hi Lux azul marino apoyaba la acción de este BMW y la Cherokee. A pesar de ello, Eduardo volvió a retroceder el Volvo, subió por la berma central para avanzar por el carril contrario y, finalmente, chocó contra una combi de servicio escolar Toyota, de placa RG 8848.
Entre el cruce de El Derby y la avenida Manuel Olguín, un policía de tránsito vio, entre impotente y pasmado, cómo acribillaban a Luis Hochschild. Eduardo fue sacado a la fuerza del Volvo y subido a uno de los autos. Por el lugar aparecieron un carro del serenazgo y un patrullero, que tampoco pudieron detener a los secuestradores.

El cuerpo de Luis Hochschild junto a su auto. Su muerte trae dolor y preguntas por responder.

Algunos testigos informaron que los facinerosos estaban uniformados y que utilizaron fusiles AKM y M-16. Una fuente policial sostuvo que las pesquisas iniciales arrojan indicios de la presencia de ex policías en el grupo y que además tres plagiarios ya habrían sido identificados. Estos serían Luis Alberto Teves Aguilar, alias "Chalaco"; Enrique Castillo Orcasitas, alias "Ciego Kike", el menor de los tristemente célebres hermanos Sánchez Bedón; y José Wilfredo Marín Peña, alias "Tata", cabecilla de Los Injertos.
Aquella mañana Luis Hochschild -quien el día anterior había llegado de Chile- reflexionaba sobre su participación en el Tercer Simpósium Internacional del Oro, que empezó a desarrollarse el mismo día de su asesinato a las 10.15 en el Centro de Convenciones Crillón.
La trágica noticia fue un baldazo de agua fría para los centenares de asistentes al evento. La sensación de inseguridad se apoderó de los especialistas mineros, representantes de la banca y grandes empresarios del sector aurífero a nivel mundial que intervenían en el simpósium. En el país, se comentaba, no había seguridad para nadie.
A mediodía, el presidente Alberto Fujimori, antes de iniciar su intervención en el evento, solicitó un minuto de silencio en memoria de Hochschild.
El malestar por la muerte del empresario minero fue general. Y es que Hochschild, de 71 años, era una persona a quien todos respetaban. De origen judió alemán, llegó al Perú a los 18 años en 1945. Era amante de la disciplina y el esfuerzo; siempre mantenía un elevado optimismo y una sonrisa a flor de labios. Estudió ingeniería mecánica eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería y llegó a formar un sólido hogar con Ana Beek.
Hochschild forjó un consorcio de servicios, cemento y minería que, entre otras empresas, incluye a las minas Milpo, Huarón, Caylloma, Arcata y Ares. Además, siempre se mostró preocupado por la educación. Fue el creador de los institutos tecnológicos Tecsup en Lima y Arequipa, en los que se han capacitado innumerables personales, no sólo en minería y metalurgia, sino, también, en electricidad, electrónica, etc.
La vocación filántropica tampoco era ajena a Hochschild. Fue amigo de monseñor Luis Bambarén, obispo de Chimbote, a quien apoyaba constantemente en la realización de obras sociales. Donó un terreno en la ciudad norteña para la construcción de un hogar para niñas de la calle, que lleva el nombre de "Luchito" en agradecimiento a su gesto.
Unas horas más tarde, el panorama sombrío del 5 de mayo se incrementó. A las 4.30 de la tarde, el médico psiquiatra Adolfo Vásquez Gallardo fue secuestrado cuando entraba a la clínica Neurocentro, a la altura de la cuadra 38 de la avenida Petit Thouars. El secuestro fue realizado por cuatro efectivos que subieron a Vásquez Gallardo a un auto Daewoo negro, con lunas polarizadas, de placa EO5360, según el parte policial que sentó Clara Gómez Muñoz, su secretaria.

Eduardo, el hijo secuestrado, heredero de la gran tradición minera de su padre. Derecha: croquis que revela el modus operandi de los secuestradores.

El hecho adquirió ribetes siniestros cuando se conoció que la unidad móvil 1020 del serenazgo de San Isidro intervino a las 15.04 pm al auto que usaron los secuestradores. En el serenazgo de San Isidro se informó que el mayor PNP Alfonso Sagástegui y el técnico Ponticell García, tripulantes de dicha unidad, intervinieron el referido auto, en el cual cuatro sujetos se identificaron como miembros de La Marina que cumplían una operación secreta.
Más tarde, ante la información periodística sobre la participación de militares en el secuestro de Vásquez Gallardo, La Marina aclaró que habían detenido al médico psiquiatra por abandono de destino (no estaba en su puesto militar). Sin embargo, las suspicacias continuaron por lo inusual de la detención.
¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde va el país? Hemos llegado a un punto en que todas las especulaciones son posibles.

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CANDELERO

El 5 de mayo fatídico se produce un día después que el presidente Alberto Fujimori informara que el Ejecutivo solicitaría al Congreso facultades especiales para legislar sobre asuntos de seguridad ciudadana. El anuncio presidencial originó el rechazo unánime de la oposición. La mayoría parlamentaria, como era de esperarse, manifestó su acuerdo con el criterio del Ejecutivo, salvo la opinión del congresista Carlos Ferrero, que defendió los fueros del Legislativo y criticó la delegación de facultades. Exigió que en caso de autorizarse la delegación de facultades el gobierno prepublicara las normas a aprobarse. En el plenito de la mayoría del 4 de mayo en la noche, Ferrero mantuvo su punto de vista.
El mismo 4 de mayo por la mañana, la congresista oficialista María Jesús Espinoza, presidenta de la Comisión Especial del Congreso que Investiga las Causas y Consecuencias de la Violencia, presentaba a mesa de partes del Legislativo un proyecto de ley que en el art 11 señala que "a efectos de realizar la cooperación y coordinación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana, la jurisdicción de las delegaciones policiales o su equivalente, coincidarán necesariamente con el límite geográfico de las municipalidades, debiendo sus jefes reportarse periódicamente con el alcalde respectivo bajo responsabilidad administrativa".
Un cambio a tomar en cuenta en el pensamiento de algunos miembros del oficialismo, reacio a abordar el tema de la Policía y su relación con los gobiernos locales. El debate se le escapa de las manos al gobierno, interesado en priorizar los aspectos punitivos de la legislación penal y la intervención del SIN en asuntos policiales.

Fujimori cara a cara con la policía. Se necesitan precisiones urgentes

Antecedentes de iniciativas parecidas hay muchos. La congresista Beatriz Merino presentó un proyecto en ese sentido. El alcalde de Lima, Alberto Andrade, solicitó que los 4 mil policías de tránsito pasen a la jurisdicción municipal. Más de 20 distritos de Lima crearon el Serenazgo sin Fronteras, que agrupa a todos los serenazgos de la capital con el objeto de coordinar acciones en los límites distritales.
Ha trascendido que, luego de la delegación de facultades, la base del debate del Consejo de Ministros será un documento elaborado por los asesores de Inteligencia y generales del Ministerio del Interior, el cual prioriza el incremento de la severidad de las penas, los procedimientos penales (detención de delicuentes) y el manejo de armas. Dicho proyecto será revisado por el Consejo Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros y consultado con el Ministerio de Justicia. Mientras en calles, plazas, cafés y paraderos la gente solicita debate, el gobierno se encierra y conversa con el espejo.

El número de delitos se ha incrementado notablemente entre los años 1990 y 1996. Cuando se creía que el fin del terrorismo significaría la pacificación del país, el incremento de la delincuencia revela que la violencia tiene causas diversas. ¿Qué tiene que ver el modelo económico con esta realidad? En todo caso, ya no es posible responsabilizar de esta realidad sólo a los gobiernos anteriores.

LE QUEMA LA MANO

El gobierno parece haber reparado en que el tema no se presta a juego de artificios. Afecta a los más pobres, la clase media y los sectores altos, por lo tanto aquí no vale aquel estribillo que dice que un fracaso más no importa.
Desde un inicio hubo voluntad de poner a la Policía contra la espada y la pared. El general PNP (r) David Haddad Carvallo señala que "el gobierno desactivó unidades especializadas de la Policía, le regateó recursos económicos, le negó la renovación de su infraestructura con el objeto de desprestigiarla frente a la ciudadanía y convertirla en apéndice del Ejército".
La militarización de la PNP no es una frase vacía. El responsable político de esta institución es el ministro del Interior, general de División EP Juan Villanueva Ruesta. Asimismo, la Oficina General de Administración (OGA) (que centraliza todas las compras para la Policía), la Dirección de Control de Armas de Uso Civil (Discamec), la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digemin) y las principales asesorías del sector están a cargo de generales de brigada y coroneles del Ejército (ver CARETAS 1508).
El coronel PNP (r) Dino Baca Herrera, presidente de la Federación de Policías Retirados del Perú, relata el vía crucis de un comisario para reponer el amortiguador de un patrullero. La comisaría debe solicitar mediante oficio a la Jefatura Provincial la reposición del amortiguador. El jefe provincial debe a su vez enviar la solicitud al jefe de región policial. De ahí el pedido debe ser derivado a la Dirección Logística para, finalmente, ser atendida por la todopoderosa Oficina General de Administración del Ministerio del Interior.

El Presidente declarando a la prensa en el tercer Simpósium Internacional del Oro

Lima sólo tiene 125 patrulleros, de los cuales cerca de 60 atienden la seguridad de funcionarios públicos y ministros. Los estándares internacionales recomiendan un patrullero por cada 2 mil habitantes. En nuestra ciudad, sin embargo, hay un patrullero por cada 60 mil habitantes. ¿Quién es el responsable de falta de patrullaje en la ciudad?
La militarización policial es una barrera que pocos se atreven a saltar. En la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, que fue aprobado por consenso, duerme un largo sueño. Las versiones señalan un veto militar a la aprobación de la norma que, entre una de sus herejías, establece que el titular del pliego presupuestal de esta institución será el director de la PNP. ¿Tanto puede pesar la voluntad del Ejército por controlar esta entidad?
Estos factores no son la única explicación de la brutal ola de violencia que vive el país.También es evidente que la lucha contra el senderismo ha dejado grupos organizados para la guerra, que derivan hacia actividades delictivas. De ahí que las 130 bandas organizadas que actúan en la capital ejecuten sus latrocinios con una desusada capacidad de fuego, utilizando fusiles FAL, AKM y M-16.
Asimismo, el actual modelo económico pone su granito de arena en la hoguera delictiva. En los sectores populares han aumentado los hábitos consumistas expresados en compra de televisores, teléfonos y otros artefactos. Ante la falta de empleo y la contracción de los ingresos, algunos de estos nuevos deudores desarrollan una inclinación a la violencia. Hay, entonces, muchas cosas que revisar para ir al fondo del problema.
Las cifras revelan la gravedad de la situación. En 1990 hubo 9,248 delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; los delitos contra el patrimonio fueron 86,089; y contra la libertad 1,045. En 1996, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud se incrementaron a 24,396; los delitos contra el patrimonio llegaron a 110,698 y contra la libertad 9,413.
El especialista en seguridad Manuel Piqueras revela que la tasa de 4.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, registrada en 1989, a la fecha se ha triplicado, hasta llegar a 12.1 por cada 100 mil habitantes. La inflación delictiva sobrecoge a cualquiera.

ABRIR EL DEBATE

Para tomar el rábano por las hojas es necesario el debate abierto. Persistir en el error puede ser fatal. De ahí la necesidad de movilizar a todas las fuerzas vivas de la sociedad y discutir en calles y plazas, porque es en estos lugares donde se encontrará la solución al problema de seguridad ciudadana. Con el objeto de contribuir en este debate, CARETAS hizo una encuesta relámpago entre especialistas en seguridad y congresistas de diversos sectores políticos, para encontrar consensos sobre los cuales avanzar en la solución del problema. Los encuestados fueron Carlos Tapia, Miguel Gonzales del Río, el general PNP (R) David Haddad Carvallo, el coronel PNP (r) Dino Baca Herrera, la Municipalidad de Lima, los congresistas María Jesús Espinoza (Nueva Mayoría Cambio-90), Harold Forsyth (UPP), Agustín Mantilla (Apra) y el empresario Arturo Woodman.
La mayoría de los encuestados se pronunció por la desmilitarización de la Policía y la necesidad de que esta institución cuente con una ley orgánica (los sectores oficialistas no concordaron en estos tópicos). No obstante, las convergencias son mayores que las disonancias. Hay, entonces, el fermento suficiente para un gran acuerdo nacional sobre el tema. Aquí los consensos de nuestros entrevistados.

  • Regular la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana (según el art 195 de la Constitución)
  • Crear las Consejerías Permanentes de Seguridad Ciudadana como órganos multisectoriales de carácter local, que se constituyen en cada jurisdicción de las municipalidades, las mismas que estarán presididas por el alcalde.
  • Fortalecer la función preventiva de los organismos provinciales de la Policía: mayor patrullaje, fortalecimiento de las comisarías y búsqueda de confianza en la población.
  • Fortalecer la autonomía y la actividad de inteligencia de la Policía Nacional.
  • Planificar los estímulos salariales, de acuerdo con la responsabilidad de la función policial.
  • El sector Justicia debe contar con una legislación inmediata que retire los beneficios carcelarios para los delincuentes reincidentes. Una nueva actitud para fiscales y jueces vinculados al tema penal.
  • Se requiere una nueva voluntad colectiva para la participación ciudadana, voluntad parecida a la que hubo a fines de los ochenta para enfrentar al terrorismo.


    La Saga del Estaño
    Mauricio Hochschild, tío del empresario asesinado.

  • La pasión de Luis Hochschild por la minería nació gracias a Mauricio Hochschild, su tío carnal, quien lo invitó a trabajar en su organización cuando aún era muy joven. Don Mauricio era un pionero de la actividad minera en Bolivia, en donde fue uno de los magnates del estaño, junto con Simón Patiño y Carlos Víctor Aramayo, con quienes formó una poderosa tríada que marcó la historia del país vecino, debido a su peso económico y, al fin de cuentas, político. Esto le costó a Mauricio Hochschild una ingrata experiencia, similar a la de su sobrino, pero no tan trágica. En la década del 50 fue secuestrado por un grupo político radical, que lo liberó luego de tensas negociaciones.


    ENCUESTA
    Trabajo Bajo
    CARETAS encargó a CPI (Compañía de Investigación de Mercados) una encuesta acerca de la ola de violencia delincuencial que nos azota. Esta se realizó sobre un universo de 800 personas (179 en sectores altos y medios y 621 en sectores bajos y muy bajos), de los cuales 401 son mujeres y 399 son hombres.
    Los dos factores señalados como más influyentes en la ola delincuencial son el desempleo (55%) y la pobreza /miseria (16.6%). La tendencia es más o menos la misma entre hombres y mujeres, en las distintas edades, pero muestra el punto más alto en el estrato más bajo, con un 59.2%, lo que evidencia dónde se ubica la mayor preocupación por la falta de trabajo.
    Luego se señalan como factores predisponentes la falta de educación (las clases altas ponen a este factor como uno de los principales, con 11.2%), el narcotráfico, la falta de formación en los hogares, la corrupción en la Policía y el Gobierno, el terrorismo, la pérdida de valores, la cultura y sólo en undécimo lugar (antes de "otros factores" y con apenas 1%) las penas leves y la escasez de buenas leyes.

    La encuesta fue hecha entre el 23 y el 27 de abril, unos días antes de que se anunciaran, a los 4 vientos, las medidas que tomará el Ejecutivo amparándose en sus facultades especiales. ¿Puede decirse que lo que la ciudadanía reclama es la "mano dura", la severidad en las leyes o incluso la participación del SIN, como han dicho los voceros oficialistas?
    La percepción ciudadana sobre el verdadero problema de fondo es aún más profunda cuando CPI pregunta cuáles son las principales soluciones que se plantean para disminuir la delincuencia. El 59% de los encuestados afirma que lo que hay que hacer es crear más fuentes de trabajo y un 11% que hay que afianzar la educación.
    La demanda por nuevas leyes -que es el planteamiento del gobierno- sube al tercer lugar, pero sólo con un 6.8%, seguida de la necesidad de dotar a la Policía de mejor preparación con un 6%.
    Resulta paradójico que a la hora de proponer soluciones se olvide un poco la necesidad de atacar las causas y no los efectos. Sin embargo, es interesante observar cómo la gama de propuestas es mucho más diversa e incluye cosas tan concretas como el aumento de sueldos (5.8%) o las actividades deportivas (4.8%)
    La pena de muerte (junto con la cadena perpetua) vuelve a asomar en el escenario, aunque con sólo 5.8% y con un dato que no deja de ser revelador: son las mujeres las que piden penas más drásticas (8.1% frente a 3.1% en los hombres).
    Carlos San Cristóbal, gerente de estudios especiales de CPI, señala que, en general, lo que la encuesta revela es una mayor tendencia pacifista en la gente. Las soluciones drásticas no son puestas en primer plano y se tiene conciencia de qué es lo que se necesita a corto y a largo plazo.