Controversias


Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

Moralización de Baja Intensidad

Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

LOS inesperados impulsos moralizadores de un gobierno que ha pasado seis años encubriendo y protegiendo a sus integrantes de acusaciones de corrupción, ha suscitado especulaciones sobre las verdaderas intenciones de esta sorprendente poda que se ha iniciado desde el poder mismo.
  • Algunos piensan que se trata de una lucha entre facciones del gobierno. Más precisamente, se ha intentado vincular a varios de los acusados con el grupo que salió perdiendo en la reciente disputa que terminó con la derrota de Santiago Fujimori y sus allegados.
    Sin embargo, esta hipótesis no parece verse corroborada por los hechos. Ana Kanashiro y su esposo Aníbal Escalante, el "doctor Bacalao", más bien tenían una antigua amistad con el propio Alberto Fujimori y, según algunas versiones, con Jaime Yoshiyama, su ex jefe y ahora despiadado acusador.
    Difícilmente puede pensarse, entonces, que estamos frente a una venganza de los vencedores. Es probable que la situación sea propicia para el cobro de revanchas y cuentas pendientes dentro del gobierno, pero el guillotinamiento de algunos funcionarios no se explicaría como parte de una lucha por el poder entre dos bandos.
  • Otros creen, un tanto interesadamente, que por fin Fujimori ha decidido poner en práctica el ya olvidado lema de la campaña de 1990, y gobernar con honradez, apartando a los pícaros de su gobierno.
    Si esto fuera cierto habría que preguntarse ¿por qué ahora? y ¿por qué caerle encima a funcionarios de segundo o tercer nivel?
    No hay respuestas convincentes de los seguidores de esta hipótesis, sobre todo si hay denuncias e indicios de corrupción en niveles muy altos, que son sistemáticamente ocultadas.
  • Una tercera posibilidad, que parece la más convincente, es que frente a las dificultades económicas que vive el país, y que al parecer se van a prolongar por lo menos por un par de años, Fujimori y su equipo de asesores han decidido lanzar esta campaña de moralización con varios objetivos:
    1. Cubrir con una iniciativa política de relativamente bajo costo, las dificultades económicas presentes y futuras. El alza del precio de los combustibles de principios de semana es uno de los tantos síntomas que muestran que la economía no está en proceso de recuperación.
    El gobierno, que sabe que la situación no mejorará en los próximos meses, trata de llamar la atención sobre la moralización.
    2. Evitar que el tema de la corrupción gubernamental se convierta en un asunto peligroso en el futuro mediato. Si la percepción de los ciudadanos es que sus condiciones de vida se están deteriorando, al tiempo que un grupo de privilegiados la está pasando bien saqueando las arcas del Estado, los niveles de aprobación del gobierno podrían derrumbarse abruptamente. Esa mezcla es explosiva.
    En cambio, si la percepción es que todos se ajustan el cinturón, la situación se hace más soportable. Se trata, por supuesto, de vender una ficción, porque la corrupción en estos seis años probablemente supere la de los regímenes precedentes.
    El discurso de Fujimori el lunes pasado en la SNI es una muestra de esto. Las restricciones a los viajes de funcionarios, por ejemplo, es la típica medida efectista que atañe a la segundilla, que se beneficia de algunos pasajes y viáticos estatales. Pero no afecta a los que se llevan la plata grande.
    3. Mantener bajo control las denuncias, dosificándolas de acuerdo a los intereses de los realmente poderosos. Esto implica caerle encima a los peces chicos y seguir protegiendo a los gordos.
    Para que este esquema funcione, el gobierno tiene que mantener bajo control las instituciones encargadas de fiscalizarlo. El Congreso es congénitamente sumiso. La Contraloría, jefaturada por Víctor Caso Lay, cuyo mérito principal para ocupar el cargo fue el haber sido vecino de Juana Fujimori, baila al son que le tocan en Palacio. Blanca Nélida Colán, en la Fiscalía de la Nación, no se cansa de agradecer a quienes la nombraron en el cargo en 1992 y la mantienen en él.
    Y el Poder Judicial, reorganizado tres veces desde 1992, sigue esencialmente sometido al poder político. Los proyectos de ley presentados por el oficialismo al Congreso, de los que se da cuenta en esta edición, terminarían de someterlo. Del nonato Tribunal Constitucional, a estas alturas no se puede esperar nada.
    La moralización de baja intensidad impulsada por el gobierno, sin embargo, tiene riesgos para sus promotores. Tanto porque podría extender la desconfianza sobre Fujimori y sus allegados -a pesar de su control sobre las denuncias-, como porque la táctica de culpar a los chicos para cubrir a los grandes puede resultar demasiado obvia para ser creíble.