Golondrinos de Enero

Cambios ministeriales en las carteras menos esperadas, pero no se descarta que Economía tenga un verano inestable.


Carlos Hermoza Moya, su proclividad al Ejecutivo impidió su elección como Defensor del Pueblo.

  • La juramentación de los nuevos dos ministros de Defensa y Justicia fue breve y expeditiva. El ministro de Transportes será nominado al retorno del Presidente Alberto Fujimori de Caracas probablemente el próximo lunes.
    Los rumores acerca de que el elegido sería Luis Castañeda Lossio, el chiclayano directivo del IPSS, fueron prontamente desmentidos y en cambio se mencionaba insistentemente el nombre de Antonio Páucar, compañero de estudios secundarios de Fujimori y cuya destacada actuación al frente de la entonces Compañía Peruana de Teléfonos y uno de los principales artífices de la privatización de la misma son meritorias cartas de presentación.
    El cambio de posta en Justicia ha suscitado opiniones críticas. Carlos Hermoza Moya, penalista de carrera y egresado de San Marcos, es una figura discutida en los tribunales.Por lo menos se le concedía una proclividad frente al Ejecutivo, lo que en buena medida contribuyó a que no obtuviera en el Congreso los votos requeridos para ser nombrado Defensor del Pueblo. Demostrando una vez más que aquel que pierde por obra de la oposición obtiene el revanchista favor presidencial, Hermoza Moya resulta siendo ministro por obra de una extraña carambola política. Las tuercas del Poder Ejecutivo para la domesticación del Poder Judicial pueden afinarse con el ingreso de Hermoza Moya. Hay que reconocer que Fernando Vega Santa Gadea supo mantenerse escrupulosamente al margen de las maniobras de avasallamiento del Poder Judicial.
    Así como se considera que el nombramiento del general Tomás Castillo Meza a la cartera de Defensa se enmarca dentro de la línea de institucionalidad y carrera (ver nota "Mudanza Militar" en esta edición), el nombramiento de Hermoza Moya constituye un desliz que no le hace ningún favor a un Gabinete con ministros de estilo aperturista.
    La pequeña remodelación del Gabinete no ha satisfecho los vaticinios del cambio del Primer Ministro. Dante Córdova parece haber conjurado los vientos de fronda, si es que en verdad los ha habido. En la juramentación de Alberto Andrade, Jaime Yoshiyama y Dante Córdova parecían muy bien acomodados en sus respectivos puestos, sin que nada haga presagiar cambios de destino.
    Voceros próximos a Palacio no descartan tampoco que en los dos próximos meses se completen las despedidas, especialmente en el área económica. Se estaría a la espera del proyecto de reforma del Estado, que en principio concentraría algunos ministerios, reduciendo por lo mismo el número de carteras.


  • Cifras publicadas en la última edición de Coyuntura Laboral que edita Desco señalan que la rentabilidad real acumulada en el Sistema Privado de Pensiones entre enero y noviembre de 1995 estuvo encabezada por Profuturo (4.87%), seguida por: Horizonte (4.70%), Unión (4.60%), Nueva Vida (4.23%), Integra (4.14%) y El Roble (2.70%). En promedio la rentabilidad real del SPP fue de 4.42%.

  • Según la rentabilidad real acumulada enero-noviembre 1995, el SPP se ubica en mediano lugar entre las alternativas de inversión con 4.4%. Delante de este instrumento se ubicaron los depóstios en soles a 360 días (4.7%0 y los depósitos en dólares a 360 días (6.0% incluyendo devaluación). En el otro extremo de la tabla se encontraban el índice selectivo (-10.4%) y el índice general bursátil (-21.2%).

  • 107 denuncias recibió la Comisión de Derechos Humanos del Congreso desde su instalación en agosto de 1995 hasta el fin del mismo año. De este total, 61 corresponden a delitos de terrorismo, 15 a abuso de autoridad, 10 a delito de traición a la patria, siete a homicidio, tres a violación a la libertad sexual, tres a denegación y retraso en la administración de justicia, una a detención arbitraria, una a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y cuatro a otros casos indeterminados.

  • Para el ex presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Rafael Villegas Cerro, en los próximos cuatro años se deberá tener 1'600,000 puestos de trabajo puesto que se calcula en 400 mil el número de jóvenes que el mercado laboral absorbe anualmente. Simultáneamente, señala Villegas, se requiere crear entre 1996 y 1999, 4'500,000 puestos de trabajo para combatir el desempleo.

  • Hasta fines del año pasado el millón 384 mil 111 afiliados al Sistema Nacional de Pensiones aportaron aproximadamente S/. 701 millones. Del total de afiliados 89.9% son asegurados obligatorios, en tanto el 10.1% restante pertenecen a regímenes especiales.

  • Un documento elaborado en base a informaciones de las 93 Cámaras de Comercio del país señala que Lima y Callao concentran el 90% de los servicios comerciales, crediticios, financieros y administrativos peruanos, 43% del PBI, 75% de la pr oducción industrial, 51% del total de trabajadores del sector público y aproximadamente el 80% de la inversión privada.


    OPA BAJO LUPA

  • La venta del 70% de las acciones del Banco del Sur al consorcio del Banco O'Higgings de Chile y Central Hispano de España ha causado sobresaltos en las faldas del Misti. Se afirma en medios characatos que la aseguradora La Positiva no está dispuesta aún a vender su participación accionarial. En todo caso, las suspicacias van creciendo y la Oferta Pública de Acciones (OPA) será vigilada con lupa por los disconformes que afirman que hay un preacuerdo que no ha sido suficientemente divulgado. En medios financieros se rumorea que el Banco Santander se habría quedado con las ganas de acrecentar su participación en el sistema financiero nacional y no seguiría en la brega en vista de que está en liza un banco paisano.

    LA FUERZA DEL DELFIN

  • Los cambios en la administración pública están a la orden del día, como lo prueba la salida de Ana Kanashiro del INABIF y Manuel Chang Chin del Instituto Geofísico del Perú. En el ministerio de la Presidencia, el hasta ahora inamovible Carlos Tsuboyama, luego de tres años de poderío tras bambalinas, le cedería el paso a Luis Gálvez, lo que ha originado un verdadero terremoto en predios palaciegos. Otro viceministro en trance de salida es César Morgan, encargado de Desarrollo Social. Igual suerte correría Rodolfo Muñante, de PRONAA. Paradójicamente, en los inicios del gobierno de Fujimori, en 1990, el titular del portafolio, Jaime Yoshiyama, y Tsuboyama trabajaron codo a codo en Electrolima.


    Marcos Ibazeta: reforma y modernización del PJ en sus planes.

    FUERZA MINERA

  • Desde principios de esta semana, el tema de los límites permisibles de contaminación minera han venido siendo objeto de prolongadas sesiones en el ministerio de Energía y Minas. El director general de Asuntos Ambientales de ese sector, José Mogrovejo Castillo sesionó con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, la Southern Perú, la refinería de Cajamarquilla, Centromín y el viceministro de Minas, entre otros.

    CORTE Y CONFECCION

  • Esta semana juramentó como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta Marino. Una de sus primeras medidas fue la conformación de las salas penales y civiles. Además, ha dispuesto la realización de estadísticas que permitan evaluar la marcha de los procesos judiciales en las mismas. Su predecesor, Alejandro Rodríguez Medrano, ha sido designado presidente de la 13ra Sala Penal, en tanto la composición de la Sala Penal que ve el caso Zanatti se ha mantenido inalterable para no interrumpir el proceso. Ibazeta ha señalado que su gestión estará empeñada en la modernización y reorganización del Poder Judicial.


    Apresurado ingreso de Castañeda Lossio a Palacio desató rumores.

    APUROS EN PALACIO

  • Un retraso en la agenda de trabajo del presidente ejecutivo del IPSS, Luis Castañeda Lossio, el martes 8 dio pie a incesante ola de rumores que lo catapultaban al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Resulta que ese día Castañeda tuvo que entrar por una puerta lateral de Palacio al "besamanos" celebrado al mediodía, lo que fue interpretado como inequívoca señal de su inminente nombramiento. El presidente del IPSS llegó cuando la tradicional ceremonia había concluido, así que permaneció en el interior de la Casa de Pizarro durante un rato conversando con algunos concurrentes que aún no se habían retirado. Luego, al salir, se encontró con el ministro de la Presidencia, Jaime Yoshiyama, quien enterado del rumor y confiando en la certeza del mismo, le preguntó si ya había hablado sobre su nuevo cargo con el presidente Alberto Fujimori. Fue entonces que Castañeda Lossio, chiclayano de nacimiento, confirmando una vez más la velocidad con la que crece el "corre, ve y dile" limeño, aclaró que no sólo había llegado retrasado sino que no había cruzado palabra con el jefe de Estado.

    SUPER CAMBIO

  • Esta semana un insistente rumor se escuchó en los pasillos del MEF: la Superintendenta de Aduanas, Carmen Higaonna, dejaría su puesto al almirante Gustavo Barragán, quien anteriormente estuvo a la cabeza de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU.


    La presentación en público de la norteamericana Laurie Berenson, involucrada con el MRTA, despejó a voz en cuello las dudas que los abogados de la familia habían planteado respecto a sus verdaderas intenciones. Arriba, con palabras más bien dulzonas José Portillo de la ONPE en afanes en el Congreso respecto al nuevo Código Electoral.

    PREPARANDO EL TERRENO

  • Aunque la presidenta del Congreso, Martha Chávez de Ocampo, prácticamente ha declarado vacaciones generales en ese Poder del Estado (ver nota aparte), el lunes 8 se dio un tiempo para recibir al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, José Portillo. El motivo de la cita fue la necesidad, según Portillo, de reestructurar el organismo que preside. Elementos indispensables para llevar a cabo dicha reorganización son una drástica reducción de personal. Bastan 77 empleados como máximo, dijo. Y actualmente son 240. De otro lado, la ONPE ya está trabajando en la implementación de un sistema automático de votación y el uso de códigos de barra en los documentos de identificación ciudadana, si bien esto último es algo que parece ser competencia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Dichas medidas y otras modificaciones de carácter técnico deberán ser tomadas en cuenta en la elaboración del nuevo Código Electoral, señaló Portillo.

    PATENTE DE CORSO

  • Aproximadamente US$ 600 millones en importaciones de commodities (es decir, materias primas de cotización internacional) y US$ 200 millones en importaciones del gobierno central, según cifras para 1995 de analistas económicos, quedarán fuera del control del sistema de supervisión de importaciones tras la promulgación, entre el sábado 6 y lunes 8, de cuatro dispositivos del MEF que excluyen a importaciones del gobierno de la supervisión, suprimen del mismo requisito a la importación de commodities, y reducen el número de las empresas supervisoras a tres. La empresa Special Supervision International (SSI) que preside Jaime Crosby, dejará de prestar servicios. Esto se veía venir desde hace 18 meses, cuando dicha empresa se vio involucrada en una subvaluación de harina de trigo denunciada por el Comité de Panificadores de la SNI. Los commodities exceptuados de la supervisión son arroz, azúcar, trigo, petróleo, entre otros.
    El ministro de Economía, Jorge Camet, parece no recordar que numerosos casos de subvaluación se han llevado a cabo en importaciones correspondientes a este rubro. En cuanto a la excepción de la supervisión de importaciones del gobierno central, ésta está referida principalmente a las importantes compras que se hace al gobierno de China, es decir computadoras, medicinas, tractores, teodolitos, máquinas de coser, etc. Y hay que recordar que en China no solamente existe una extendida corrupción, sino que los precios de los productos se fijan de manera arbitraria.
  • Si bien el monto de las importaciones exceptuadas no es mayoritario, -alrededor de US$ 800 millones de los US$ 7,000 millones en importaciones de 1995- lo cierto es que la supervisión desalienta la subvaluación porque significa un doble control. Primero se verifica el precio en el puerto de origen y luego en puerto peruano. Y de otro lado, como señala un estudio de Richard Webb sobre "La contribución del Sistema de Supervisión de Preembarque (SEP) de las importaciones a la Recaudación Fiscal en el Perú" (CARETAS 1364), "el SPE ha jugado un papel necesario y crítico. Su contribución ha sido determinante para la reforma aduanera, y para la consecuente multiplicación de los ingresos aduaneros".
    Ahora, en cambio, con las excepciones de este requisito para el Estado, ya ciertos representantes del sector privado han vuelto a la carga para pedir la eliminación del sistema de supervisión en su totalidad. ¿Por qué será?

    TIRA Y AFLOJA

  • Una de las causas que habría prorrogado las negociaciones entre PERUPETRO y las compañías Shell y Mobil para la firma del contrato de explotación de Camisea que tenía que definirse el 24 de diciembre pasado obedece, según Carlos Gamarra, presidente del Instituto Nacional de Minería y Petróleo, a los términos en que se concluyó la suscripción del contrato con la norteamericana CHEVRON para la extracción de petróleo en el lote 52, contiguo a Camisea. Dicha empresa firmó contrato con PERUPETRO, el 8 de noviembre pasado, con una tasa de regalía de 45%, que a decir del Ingeniero Felipe Thorndike, es "única en el mundo", considerando que el nivel promedio se ubica en un 18%. Esto justo cuando las partes implicadas en Camisea negociaban la tasa de regalía que regiría en el lote 75. El inusual ofrecimiento de CHEVRON ha resultado un precedente inadecuado. Según Gamarra, los negociadores peruanos se encontrarían entre la espada y la pared. "Con un 45% como telón de fondo, cerrar el convenio con una tasa muy por debajo de ese nivel se observaría, por la opinión pública, como un acto "vende patria" ; y una tasa alta no va a ser fácilmente aceptada por los extranjeros". Para Gamarra, esta empresa puede aparecer como un tercero que se mantiene a la espera de una posible declinación de Shell y Mobil a continuar negociando.

    PISTAS EN POSTAS

  • El lunes 8 el congresista Javier Noriega (FREPAP) llegó temprano a Chimbote en visita destinada a establecer dónde y con quiénes estuvo el 18 de setiembre de 1991, fecha en la que supuestamente habría participado en el asesinato de Silvestre Castrejón, miembro de la Misión del Nuevo Pacto Israelita. Noriega señaló en esa ciudad haber encontrado finalmente su agenda correspondiente a la fecha del crimen. De acuerdo con ésta, en el día en cuestión habría estado en la población chimbotana de Guadalupito, en los asentamientos humanos San Juan y La Victoria y en la feria popular próxima al asentamiento humano Fraternidad. Noriega regresó a Lima el lunes por la noche, comparecerá este viernes 12 ante el 39º Juzgado Penal de Lima, encargado del caso.

    CASA DE CITAS

  • "Cuando me han ofrecido cargos públicos generalmente los he rechazado muy rápido. Mi argumento es que los constructores somos los empresarios que trabajamos para el Estado en las obras públicas, y ello es incompatible con un cargo público".

    José Graña Miró Quesada, director gerente de Graña y Montero S.A., ganador con J.J. Camet de la buena pro para la ejecución del proyecto Chinecas, en DEBATE Nº 86, página 8.


    En Alta Mar

    Reformas en el Poder Judicial se inician en la Presidencia de la Corte Suprema. Y sólo es el comienzo.

  • Poco antes del 31 de diciembre, el comandante AP (r) José Dellepiane Massa, reorganizador del Poder Judicial, llamó a Ana Teresa Pantoja Urízar, secretaria e hija del presidente de la Corte Suprema, Moisés Pantoja, y le pidió que renuncie. Dellepiane argumentó que la buena imagen del PJ así lo requería.


    Marino Dellepiane enfila proa decididamente en el Poder Judicial.

    Ana Teresa, que trabaja como secretaria de confianza de su padre con sueldo de juez instructor, desde junio de 1990, se negó.
    El 31 de diciembre Dellepiane publicó cuatro resoluciones administrativas. Una de ellas cesando al personal que ocupa cargos de confianza en el Poder Judicial. Ese mismo día, el presidente Alberto Fujimori promulgó la ley 26567, modificando el artículo 198º de la ley orgánica del PJ, prohibiendo a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad trabajar juntos en el PJ.
    La confrontación entre Dellepiane, flamante "titular del Pliego del Poder Judicial", y el presidente de la Corte está planteada y debe resolverse antes del 20 de enero.
    Varios de los vocales supremos que aprobaron un cambio radical en el Poder Judicial, se encuentran ahora arrepentidos. No se imaginaron que la reorganización empezaría -al revés de lo que suele ocurrir en el Perú-, por todo lo alto, afectándolos directamente a ellos.
    Porque Pantoja no ha sido el único tocado. El vocal supremo Pedro Iberico Mas, miembro de la comisión que nombró a Dellepiane, ha perdido a su secretaria de confianza, su esposa, Otilia Romero Cano. Ella sí renunció cuando Dellepiane anunció las nuevas reglas, poco antes del 31 de diciembre.
    Otros funcionarios nombrados por Pantoja que están con las barbas en remojo, son el embajador Manuel Roca de Zela, jefe de protocolo -es testigo en el caso del Tren Eléctrico-, Ricardo Sánchez Serra, ex prefecto del Callao y jefe de prensa de la Corte Suprema, así como Mercedes Millones, secretaria de la presidencia de la Corte Suprema.
    Cerca de 8,000 empleados y 1,300 magistrados, están obligados hasta el 20 de enero a presentar una declaración jurada, señalando si tienen o no algún familiar en el PJ.
    La medida ha provocado críticas. Algunos empleados sostienen que es injusto que se despida a personas que se han conocido en el PJ y se han casado luego. Ahora uno de los cónyuges tendría que dejar el puesto. Sin embargo, muchos la consideran indispensable para acabar con antiguas corruptelas del PJ.
    El ejecutor de tan radicales medidas es un marino que pasó voluntariamente a retiro a mediados de 1990. Inmediatamente fue nombrado presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
    En el IPEN también realizó una reforma radical. Cuando llegó había 700 trabajadores y al irse, dos años después, quedaban 240. Luego pasó al ministerio de Energía y Minas, ocupando la secretaría general de ese portafolio. De 1,110 empleados quedaron 150.
    Dellepiane no ha llegado solo al Poder Judicial. Viene acompañado de un equipo que ejecutará reformas diseñadas en acuerdo con las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
    Entre las medidas que ha adoptado están el despido de los meritorios y practicantes, la eliminación de los nombramientos provisionales del personal administrativo de la Corte Suprema y de los distritos judiciales, así como la cancelación de todos los contratos de services en el PJ.
    También está reestructurando el Registro Central de Condenas. Y en los próximos días va a sacar del Palacio de Justicia a la Policía de Requisitorias y la Policía Judicial. Sólo permanecerán los de seguridad. Y planea la eliminacion de la Carceleta Judicial.
    También está en proyecto la conciliación de los litigantes ante el juez, que vendría a ser una figura más expeditiva y barata que el arbitraje que viene funcionando ahora. Igualmente la creación del gran complejo judicial que funcionaría en el local de Electrolima de Chacra Ríos, que ha sido privatizada y pronto dejará esas instalaciones.
    "Parece un lobo de mar de pelo fino", comentó un magistrado, aunque otros piensan que es un bulldozer que removerá el anticuado Poder Judicial.


    Chispa Encendida


    Otros fabricantes: Indoquina, Kola Real, Twist, etc.

  • La "chispa de la vida" acaba de encender una pradera tributaria. Uno de los fabricantes de Coca Cola, Ricardo Balaguer, presidente de la embotelladora para Trujillo y Chiclayo, aplaude el hecho de que el ministerio de Economía, mediante el D.L. 796 (tipo de dispositivo de recordación ingrata), haya elevado el Impuesto de Promoción Municipal del 2 al 18% para las industrias instaladas en la selva y en las fronteras. La medida viola convenios de estabilidad tributaria suscritos y específicamente afecta a los embotelladores de Pepsi Cola en el sur del país, de Inca Kola y de Concordia en el norte.
    El MEF secundado por Balaguer y con entusiasmo algo chocante por todos los otros embotelladores de Coca Cola alegan con cara muy dura que estos convenios no eximen a las industrias aludidas de pagar tributos municipales.
    El argumento es una chapita marcada. La verdad es que tanto Coca Cola como Backus & Johnston y varios otros fabricantes de gaseosas también tenían convenios similares de estabilidad tributaria, sólo que se vencieron en diciembre.
    Lo que es más, según un asesor del MEF, los embotelladores de Coca Cola habrían intentado prorrogar sus propios convenios de estabilidad sin éxito.
    El hecho es que el ministro Camet, en el último día de la vigencia del convenio con Coca Cola y otros decidió suspender también las exoneraciones a empresas cuyos convenios se vencían recién en los próximos cinco años por tratarse de inversiones posteriores.
    De más está decir que, dado el peso del líquido y las botellas, las gaseosas de provincias, y en particular las de selva y fronteras, no tienen mayores posibilidades de competir en Lima por el costo (o imposibilidad) del trasporte. Concordia, por ejemplo, se produce en Sullana y sólo tiene el 1.4% del mercado capitalino (ver cuadro).
    Más preocupación debe causar Inca Kola, no por su planta en Tumbes, sino por el hecho que en algunos meses de 1995 ha vendido mas que Coca Cola (ver cuadro), lo que resulta siendo un caso inaudito en el mundo entero.
    Pero lo más importante es que en esta guerra de las gaseosas -y han habido otras en Latinoamérica realmente feroces- el gobierno está burlando convenios que, si bien no son ginebrinos, comprometen su credibilidad y violan la ley.


    Vacaciones Forzadas

    Hasta la Comisión Permanente se ha vuelto esporádica.

    Por Pedro Planas


    Congresistas Torres, Trelles y Delgado Aparicio en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso.

  • El Congreso está paralizado. No hay casi empleados, ni asesores. El sector administrativo ha sido declarado en "reorganización". Y las Comisiones ordinarias, exceptuando alguna sesión aislada, tampoco se reúnen, ni lo tienen previsto en su agenda. Salvando la reunión del lunes con el ministro Francisco Tudela, la Comisión Permanente -hecho inédito en nuestra historia- también se ha declarado en receso. Como si el Congreso hubiese sido disuelto.
    Le han explicado a Martha Chávez que la Comisión Permanente no puede declararse en receso. El propio Reglamento del Congreso señala que la Comisión Permanente funciona durante el receso (art. 42º). Imperturbable, Martha alega que estamos en un período "interlegislativo". De nada sirve decirle que solamente hay un receso del Pleno (con sus dos legislaturas ordinarias) y que el Congreso nunca puede declararse en receso como institución.
    Francisco Pardo Mesones hace un último esfuerzo. Se acerca a Martha y le lee el art. 92º del Reglamento, que señala que "la función del Congresista es a tiempo completo", con lo cual deberá eximirse de vacaciones, tan inmerecidas como anticipadas. Pero Martha alega que es "función del Congresista" viajar por los pueblos del Perú y que éste era el momento propicio para hacerlo.
    Muchas materias pendientes que no pueden aplazarse más, como la Ley Marco de Descentralización, podrían debatirse y aprobarse en Legislatura Extraordinaria. Sabemos que la mayoría parlamentaria, sin parpadear, ha incumplido doblemente el mandato constitucional consignado -por ellos mismos- en la Octava Disposición Transitoria de la Carta de 1993: que "tienen prioridad" las normas de descentralización y que deberán haber "nuevas autoridades regionales elegidas a más tardar en 1995". Ni siquiera quisieron aceptar la propuesta del discreto Samuel Matsuda (presidente de la Comisión de Descentralización) para reformar ese mandato constitucional.
    ¿Y qué hay con el pedido multipartidario para convocar a Legislatura Extraordinaria para elegir al Defensor del Pueblo? Además de no ser atendido, la Mesa Directiva del Congreso (o, en todo caso, la Comisión evaluadora que preside Carlos Torres) está violando la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, cuyo art. 3º establece: "En caso de no alcanzarse la mencionada mayoría, la Comisión procederá en un plazo máximo de diez días naturales a formular sucesivas propuestas". El mandato legal descarta la posibilidad de someter a segunda o tercera votación a los candidatos ya baloteados. Pero lo preocupante ha sido el incumplimiento del plazo máximo de 10 días naturales que venció el 24 de diciembre. Antes de esa fecha, la Comisión Evaluadora debió proponer a la Mesa Directiva nuevas candidatos y ésta debió convocar a Legislatura Extraordinaria para proceder a la elección del Defensor por el Pleno.
    Lo curioso es que este miércoles 10 se ha vuelto a reunir la Comisión Evaluadora, pero no para presentar nuevos candidatos a la Mesa Directiva, sino para discutir una peligrosa reforma. Usurpando funciones deliberativas que corresponderían realizar a la Comisión de Constitución y Reglamento, también recesada, ha optado por abrir una nueva controversia. En proyecto de ley encomendado a Javier Barrón y a Jorge Avendaño, la Comisión Evaluadora -tras realizar una extraña transacción entre sus miembros- desea modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para habilitar el ejercicio profesional de abogado a quienes sean elegidos magistrados del Tribunal, como si no supieran que esa incompatibilidad es necesaria para preservar la imparcialidad del alto magistrado.
    Para colmo, la Mesa Directiva, que no es la máxima autoridad del Congreso (por encima suyo está el multipartidario Consejo Directivo, integrado por voceros de los grupos parlamentarios), ha decretado unilateralmente que el Congreso está -nuevamente- en reorganización. Pese a que se ha restablecido el horario de verano para la administración pública, esa resolución parece no incluir a funcionarios, empleados y trabajadores del Congreso. Así lo ha decidido la propia Martha Chávez, quien en los próximos días estaría viajando nuevamente al Oriente (esta vez a Tailandia). ¿Acaso no se había "reestructurado" y "reorganizado" el Congreso y hasta evaluado a su personal después del 5 de abril?
    Dos son las hipótesis que se manejan, ambas inaceptables. La primera: que se trataría de un "cambio de personal". Saldría la "gente de Yoshiyama" y entraría la "gente de Martha Chávez", cual si el Congreso fuese una empresa privada. La segunda: que, con esta presunta reestructuración se intenta inutilizar las instalaciones del Congreso y, por extensión, a los miembros de la oposición parlamentaria por dos meses (cosa que ya han logrado). En cualquier caso, la presunta reorganización de una institución del Estado no puede ser resuelta unilateralmente por la Mesa Directiva ni por el grupo político mayoritario. Corresponde al Consejo Directivo revisar los fundamentos de esta reorganización, especialmente si todavía la Mesa Directiva no ha explicado públicamente las razones que tuvo -en esta época de austeridad- para pagarle sueldos extra solamente a los asesores de la presidencia y de las vicepresidencias del Congreso. ¿O es que la trasparencia también está de vacaciones?


    CARETAS 1396